El presidente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Francisco Javier Gallo Palmer, calificó como “insignificante” la participación de únicamente 30 constructoras locales en los trabajos de reconstrucción de Puebla.

Desde la ciudad de Puebla, donde realizan su asamblea nacional, el líder del gremio denunció que el gobierno federal ha hecho de lado la participación de empresas locales en los estados afectados por el sismo del 19 de septiembre.

“Sentimos que este proyecto de reconstrucción ha sido secuestrado por algunas empresas que han sido beneficiadas por el gobierno federal. En Puebla hay más de mil constructores y es absurdo e insignificante que sólo el 3 por ciento sea considerado para la ejecución de los trabajos”, expresó.

Denunció que la federación ha solicitado una serie de requisitos a las empresas interesadas en participar, como una “certificación” para contratar sus servicios, pero no existe una instancia oficial que otorgue dicho título.

“Hay una falsedad en los requisitos que piden. No buscamos que empresas de la AMIC se involucren en los trabajos, sino que sean empresas locales porque lo mismo que sucede en Puebla pasa en Tlaxcala, en Oaxaca, donde cinco grandes constructoras de la Ciudad de México son las que se están encargado de la reconstrucción”, recalcó.

Corrupción deriva de la legislación

Gallo Palmer explicó que el rezago de constructoras locales para la ejecución de proyectos de obra pública deriva de lo estipulado en el artículo 29 de la Ley de Contratación de Obras Públicas, que permite la asignación directa de contratos.

“Sólo un artículo de la ley está provocando la gran corrupción que se vive en el sector de la construcción. Somos los principales promotores para que se elimine, para que la riqueza que se genere en los estados se quede dentro de ellos mismos”, justificó.

Detalló que más del 80 por ciento de contratos obra pública que se ejecuta en el país, se asignan directamente a las empresas. En Puebla, para abrir la participación de las empresas, dijo, los contratos no pueden rebasar los 5 millones de pesos de inversión.