Profesionalizar a los ayuntamientos y dotar de autonomía a los órganos de fiscalización evitará que los gobiernos y congresos locales hagan "fregaderas" con las cuentas públicas de los sujetos obligados, aseguró el exedil capitalino, Eduardo Rivera Pérez quien sigue un juicio por supuestas anomalías en su administración del 2013.

Durante su conferencia "Cuentas Públicas" que impartió en la Universidad Iberoamericana, señaló que hay casos en los que los órganos de fiscalización pierden autonomía cuando los auditores son "enviados" de los gobiernos y se convierten en sus "empleados".

Sin dar nombres, comentó que lo mismo sucede con los congresos locales sobre los cuales los gobernantes tienen el control político, pues hacen el "juego sucio" manipulando a su conveniencia los tiempos para dictaminar las cuentas públicas.

En su caso, su cuenta pública como alcalde de Puebla, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, fue dictaminada por el Congreso del Estado a tres años de haber sido entregada, y fue hasta ese tiempo que se destaparon irregularidades en la misma haciéndolo acreedor a una inhabilitación por 12 años para ocupar un cargo público y una multa por 25.5 millones de pesos.

"Hicieron un juego sucio en mi cuenta pública. Por eso celebro que en Tlaxcala ya se especificó que si al año el Congreso no determina si la cuenta está bien o mal, pasé automáticamente, sin dejarlas bajo el control político del gobernante", señaló.

Rivera Pérez enfatizó la importancia de que los ayuntamientos se profesionalicen en materia de contabilidad y fiscalización para evitar estos abusos que derivan, no de un mal manejo de los ingresos, egresos y del patrimonio, sino de la "transa" y la "corrupción" que impera en México.

"Tenemos que hacer la chamba bien desde el principio. Cuidar los gastos para no tener problemas, para que a pesar de las acusaciones, puedas seguir de pie y caminando, pero cuidado, si te equivocas estarás dejando tu carrera política en manos de esa situación que tu construiste", acotó.

Estatus del juicio que enfrenta

El exedil promovió un juicio en su defensa ante las sanciones que los diputados locales le aprobaron tras acusar anomalías en su cuenta pública 2013 por un monto superior a los 411 millones de pesos, luego de que el mismo reveló sus intenciones de competir en la elección de 2018.

El panista mantiene a salvo sus derechos políticos una vez que el Juez Tercero de Distrito aprobó una medida cautelar para que su nombre no aparezca en los registros de Servidores Públicos Sancionados en tanto se retoma el juicio de amparo que promovió en su defensa.