A casi seis meses de gobierno, Antonio Gali Fayad concretó el primer cambio entre los secretarios de su gabinete con la designación de Rodolfo Sánchez Corro como titular de la Contraloría del Estado.

El relevo aprobado en el Congreso del Estado, con 35 votos a favor, significó la salida de José Villagrana Robles, quien al arranque del gobierno -en febrero pasado- fue ratificado por los diputados.

Aunque la propuesta de Gali Fayad para nombrar a Sánchez Corro ingresó el viernes pasado, ésta se mantuvo bajo llave y se hizo pública hasta la sesión ordinaria de este lunes con la que cerró el segundo periodo ordinario.

La solicitud del gobernador para hacer el cambio en la dependencia estatal se dio sin discusión y con la aprobación de todas las fracciones legislativas.

Sánchez Corro fue titular de la Contraloría Municipal en el gobierno que Gali Fayad encabezó en el Ayuntamiento de Puebla de 2014 a 2016.

Además fue delegado de la Contraloría estatal entre 2011 y 2012, durante la administración de Rafael Moreno Valle, periodo en el que la secretaría estuvo cargo de Patricia Leal Islas, actual senadora del PAN.

En la Contraloría, Sánchez Corro fue responsable de la revisión de los proyectos realizados por las secretarías de Infraestructura y Transportes, de las cuales fueron titulares Gali Fayad y Bernardo Huerta Couttolenc, respectivamente.

Además de ser parte de los gobiernos estatal y municipal, el nuevo contralor se desempeñó como funcionario del gobierno federal en las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, el Banco Nacional de Obras (Banobras) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dentro de las funciones que tendrá Sánchez Corro está el participar en los trabajos del Comité Estatal de Participación Ciudadana, el cual forma parte de Sistema Estatal Anticorrupción.

Villagrana duró 160 días en el cargo

Tras su ratificación el 22 de febrero, José Villagrana Robles estuvo al frente de la Contraloría del Estado por 160 días, pero durante su periodo no se informó sobre procedimientos iniciados en contra de exfuncionarios estatales.

Al inicio de esta administración el vocero Javier Lozano Alarcón y el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, ofrecieron que se investigaría desde la Contraloría la entrega de contratos a empresas fantasmas por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

En marzo, e-consulta documentó que proveedores del CESP y el Instituto de Educación Digital del estado de Puebla (Iedep), aparecen con domicilios fiscales en inmuebles abandonados, consultorios, viviendas particulares o direcciones inexistentes.