Pese a que la Procuraduría General del República (PGR) reportó actividades financieras por 57 millones de pesos en las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Palmar de Bravo y del edil con licencia Pablo Morales Ugalde, hasta el momento la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión Inspectora del Congreso local no han encontrado una sola irregularidad en las cuentas públicas del alcalde quien se encuentra detenido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El pleno del Congreso del Estado conformado por 41 diputados aprobó el 3 de noviembre de 2016, la cuenta pública del edil de Palmar de Bravo por el periodo comprendido del 15 de febrero del 2014 al 31de diciembre de ese mismo año, siendo en ese momento la presidenta de la Comisión Inspectora la diputada Patricia Leal Islas.

El mismo caso sucedió con el ex edil de Atzitzintla, José Isaías Velázquez Reyes, quien fue detenido acusado por la muerte de tres elementos de la Policía Ministerial de Puebla y por presuntos nexos con criminales dedicados al robo de hidrocarburo.

Su cuenta pública fue aprobada por el Congreso del Estado el 25 de octubre de 2016. Ambas cuentas fueron revisadas por la Comisión Inspectora, así como por la Auditoria Superior del Estado a cargo de David Villa Nueva Lomelí que no encontró nada irregular.

A pesar de ello, la PGR en sus investigaciones pudo detectar malos manejos en la revisión de las cuentas bancarias de los municipios y cuentas personales de los dos alcaldes.

Los diputados se defienden

No es por omisión o complicidad que las autoridades estatales, el Congreso y la Auditoría Superior del Estado (ASE) no detectaron los movimientos financieros por 57 millones de pesos que realizó Pablo Morales Ugalde, alcalde con licencia de Palmar de Bravo,  afirmó al diputado del PRD, Ignacio Mier Bañuelos.

El integrante de la LIX Legislatura expuso que hay una “laguna” para conocer la manera en cómo los presidentes municipales usan  los recursos de los ayuntamientos, debido a que no todos cumplieron con adoptar el sistema contable, el cual entró en vigor hace tres años.

Mier Bañuelos expuso que si la PGR obtuvo información sobre las operaciones ilegales que Morales Ugalde realizó en 2015, se debe a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con el detalle de los movimientos que se hacen en el sistema bancario.

“No es una omisión, que no se  da por complicidad o responsabilidad,  porque no se tiene el sistema actualizado, las herramienta para detectar este tipo de movimientos ilícitos que se dieron en las cuentas del municipio, no así el SAT, con el Sistema Bancario está conectado con el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene vinculadas las cuentas y así obtener este tipo de información, es por esto que la federación a través de una investigación tuvo acceso a este tipo de movimientos financieros que se dieron a todas luces en la ilegalidad que afectaron y atentaron en contra del patrimonio municipal de Palmar de Bravo”.

Los desvíos de recursos

Informes del Poder Judicial de la Federación revelan que Morales Ugalde realizó depósitos y retiros bancarios por 57 millones de pesos, adquirió 17 inmuebles (hoteles, terrenos y oficinas distribuidos en Puebla), los cuales compró con recursos de procedencia ilícita.

El 5 de julio, Morales Ugalde, postulado en 2013 por el partido Pacto Social de Integración (PSI), fue detenido en la presidencia municipal de Palmar de Bravo por agentes de la PGR y de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Una semana después, se realizó la audiencia en la Casa de Justicia Federal de Xalapa, Veracruz, lugar en el que un juez de control determinó vincular a proceso a Morales Ugalde por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.