Puebla, Pue.- A través de actos perpetrados por grupos paramilitares “disfrazados” de delincuentes, el Estado pretende inhibir la resistencia de los pueblos y la defensa del territorio frente a los denominados “proyectos de muerte” y justificar la militarización de  la Sierra Norte de la entidad, denunciaron activistas.

En rueda de prensa, miembros de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), el Centro de Asesoría entre Mujeres y el Consejo Tiyat Tlali, dieron a conocer un incremento del índice delictivo en la región, lo que atribuyeron a una estrategia de “terrorismo de Estado” para desalentar los procesos organizativos y la autodeterminación de las comunidades indígenas con los que han impedido la imposición de los proyectos de extracción de recursos minerales, energéticos y naturales.

Aseguraron que el sinnúmero de robos y asesinatos ocurridos en la Sierra Norte obedecen a “una estrategia de miedo, pánico y terror en contra de la población” que aumentó en el año de 2016, paralelamente al fortalecimiento del movimiento en defensa del territorio.

Consideraron que los delitos corresponden al “terrorismo de Estado (que) se implementa bajo el discurso de que son delincuencia organizada. Mentira, en realidad son grupos paramilitares”, enfatizaron.

Indicaron que en lo que va del gobierno 2014-2018 en Cuetzalan, que encabeza el edil Óscar Paula Cruz, han habido más de 60 robos a casa habitación, seis robos a tiendas Diconsa, nueve robos a escuelas, dos robos a templos, cinco robos a cooperativas de ahorro -uno de ellos con secuestro-, seis robos del dinero de Prospera y cuatro robos a cobradores de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Agregaron a la lista un robo a la presidencia auxiliar de Yohualichan, un robo al palacio municipal, un robo de cajero automático, 13 asaltos a vehículos repartidores de mercancías, 12 asaltos a repartidores de tortillas, 25 asaltos a vehículos de transporte público -10 de éstos a mano armada y uno con saldo de un muerto-, y 16 homicidios cometidos en caminos y vehículos; como lo dio a conocer el Comité de Ordenamiento Territorial Integral (COTIC) en noviembre pasado.

“En los últimos años se han presentado diversos casos de robo y secuestro a comerciantes con lujo de violencia, robo a colectivas y paseantes en los caminos, sobre todo por el rumbo de Nahuyopan, y asesinatos sanguinarios… como el de dos ancianos de Acaxiloco y la ejecución de Miguel Flores Abasolo el 3 de mayo pasado, durante el proceso electoral”, caso que, agregaron, permanece en la impunidad, fue utilizado “de manera inhumana” por la ex candidata Roxana Luna en su campaña, mientras la familia de la víctima ha sido desplazada de su lugar de origen. 

Añadieron que hay además un deterioro en cuanto a la situación de las mujeres por un aumento en la violencia hacia ellas, pues se han registrado casi “24 denuncias de violencia extrema y 100 o 120 sólo de violencia” por año, en los que se ha denunciado la violación a sus derechos, trata de personas, violencia de noviazgo, abuso sexual en la familia, también aumentó la violencia doméstica y el trato cruel.

Por todo lo anterior, las organizaciones demandaron la solidaridad hacia los que luchan por las “causas justas del pueblo mexicano”, y pidieron denunciar y a generar procesos organizativos “solidarios y combativos retomando la esencia de lucha histórica contra la opresión de nuestra Constitución mexicana”.