Debido a inconsistencias en la investigación, el juez de control Lucio León Mata ordenó este jueves la liberación de los ocho policías de Amozoc que fueron detenidos acusados de privar de la libertad y golpear a agentes estatales, en una supuesta maniobra para proteger a ladrones de combustible.

La madrugada del 1 de septiembre los uniformados fueron detenidos y acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad, portación de arma de fuego, usurpación de funciones, robo agravado y lesiones dolosas. 

Apenas este miércoles por la noche, la Fiscalía General del Estado informó que había obtenido prisión preventiva contra Miguel Feliciano G., de 29 años de edad; Alberto G., de 24 años; Miguel Ángel E., de 30 años; Juan R., de 36 años; Josué V., de 34 años; Juan Antonio H., de 46 años; Fernando Iván F., de 27 años; y Sergio Z., de 33 años de edad.

Sin embargo, al realizarse una audiencia este jueves, en la Casa de Justicia ubicada en la capital, el juez determinó no vincular a proceso a los acusados, por lo que automáticamente quedaron en libertad, aunque con las reservas de la ley.

El miércoles sus familiares protestaron en el Congreso para señalar que los detenidos eran inocentes; además en redes sociales se difundió un video en el que supuestos policías de Amozoc escoltan a una camioneta con combustible robado. 

Abogados señalan errores de Fiscalía

En la diligencia, la agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Unidad de Flagrancia, María del Pilar Chumacero Rodríguez, presentó las pruebas recabadas durante la investigación y solicitó al juzgador que concediera el auto de vinculación a proceso contra los ocho policías.

Explicó que, el día de la detención, alrededor de la medianoche, los elementos del Grupo de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) se trasladaron a la colonia Signoret, en la localidad de Chachapa, tras recibir un reporte por una toma clandestina en una barranca.

Al acercarse, fueron interceptados por tres patrullas de la Policía Municipal y dos motonetas, mismas que presuntamente estaban escoltando una camioneta color verde con civiles a bordo.

En la versión de la MP, los ocupantes de las unidades interceptaron a los estatales -quienes iban encubiertos- y los amagaron con las armas; les dijeron que esa zona era peligrosa y que los que andaban ahí siempre amanecían muertos. Con palabras altisonantes comenzaron a cuestionarlos y les propinaron patadas, golpes y puñetazos en todo el cuerpo.

Tras someterlos, los despojaron de sus pertenencias y de sus armas de fuego, además de que a uno de ellos lo lesionaron en la frente. Después, los privaron de la libertad, los amarraron y los dejaron abandonados en unos terrenos de cultivo, en el puente que conduce a San Miguel Espejo.

Posteriormente, dos de ellos lograron desatarse y corrieron a pedir ayuda. Para esos momentos, una célula de la Policía Estatal ya había acudido a apoyarlos y los elementos encontraron a sus compañeros en las cercanías de la autopista Puebla-Orizaba.

En sus intervenciones, cada uno de los abogados de los policías cuestionaron severamente las pruebas aportadas por el Ministerio Público y todos coincidieron en que las declaraciones de los agentes agredidos eran idénticas en un 99 por ciento, en las que sólo cambiaban los nombres y las firmas de quienes presentaban los cargos.

Los litigantes también coincidieron en que había manipulación, contradicciones, omisiones e inconsistencias en la carpeta de investigación; sin embargo, María del Pilar Chumacero se limitó a explicar al juez que dichos argumentos eran irrelevantes y que el mismo formato de las declaraciones había sido utilizado sólo para ratificar las denuncias de los agraviados.

Tras analizar el caso, el enjuiciador les dio la razón a los defensores al reconocer que la MP sólo había hecho "copy-paste" en las declaraciones de las víctimas.

Si bien es cierto que puede haber errores formales, dijo, "debe de puntualizarse que las formalidades son una cosa y la veracidad de la información es otra".

Al no haber sustento y veracidad en la investigación, León Mata se declaró imposibilitado para verificar que los policías incurrieron en los delitos imputados, por lo que determinó no mantenerlos en prisión preventiva, aunque aclaró que su libertad tiene reservas de ley porque las indagatorias del Ministerio Público van a continuar.

Quedan libres los policías

Luego de escuchar la resolución del juez, los familiares de los acusados, quienes presenciaron la audiencia, comenzaron a llorar. Algunos, que estuvieron rezando en voz baja durante las cinco horas que tardó la diligencia, murmuraron alguna oración y también soltaron el llanto.

Los policías se abrazaron y varios de ellos mostraron su felicidad con lágrimas. Al salir de la sala de audiencia, sus familiares también los llenaron de abrazos.

Un policía accedió a hablar con los reporteros y manifestó estar contento con el dictamen del juez, pues -dijo- actuó de manera justa ya que la Fiscalía General del Estado los acusó de hechos falsos.

"Eran inocentes todos y ahora les toca limpiar su reputación de ellos y de nosotros porque quedaron como lo peor. Estoy feliz. Todas las acusaciones de la Fiscalía eran erróneas y no se valía que los acusaran sin pruebas", expresó una mamá de los imputados.

Algunos de los elementos comentaron que después de esta experiencia no volverán al trabajo policiaco. Tampoco quisieron aclarar lo que ocurrió el día de su detención. "Es cosa del pasado", puntualizaron.