Ixtacamaxtitlán, Pue.- El informe de impactos a los derechos humanos provocados por los trabajos de la empresa canadiense Almaden Minerals para la extracción de oro, plata y cobre en Ixtacamaxtitlán, será sometido a la consulta de autoridades municipales, estatales y federales, y de la propia minera.

El recuento, cuyo borrador será entregado el próximo miércoles al presidente municipal, y en días subsecuentes a las autoridades de los distintos niveles de gobierno; así como al corporativo minero, fue redactado con los resultados de dos años de trabajo del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) en conjunto con el Consejo de la Tierra Tiyat Tlali, entre otras, porque su versión final pretende incluir los puntos de vista de estos actores. 

Entre los hallazgos más importantes del estudio está el de que más del 90 por ciento de las personas consultadas en el municipio respondió que no han sido informadas ni del proyecto extractivo, ni de los impactos de la minería.

Lo anterior fue dado a conocer en la asamblea comunitaria realizada este domingo en la cancha techada del poblado de Santa María Sotoltepec, lugar en el que pobladores de diversas comunidades del municipio más extenso de la Sierra Norte poblana, recibieron la solidaridad de indígenas de Olintla, San Felipe Tepatlán, Cuetzalan, Zongozotla y Ahuacatlán, ante el inminente inicio de las labores de extractivas en las que Almaden Minerals pretende procesar 7 mil 500 toneladas diarias de rocas y minerales.

A esta reunión fue invitado el alcalde de Ixtacamaxtitlán, Eleazar Hernández Arroyo, pero se negó a escuchar el informe de impactos a los derechos humanos y verter su opinión frente a sus gobernados, por lo que anunciaron que el 29 de junio los miembros de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra y el Agua acudirán al Palacio Municipal para entregarle una copia y un formato en el que pueda hacer sus comentarios por escrito.

La acción se repetirá en los días siguientes ante las autoridades federales y estatales, además de los ejecutivos de la minera canadiense que ayer se mantuvieron afuera del lugar de la reunión e hicieron oídos sordos a la invitación de los pobladores –que en voz de una asistente-, que expresaron su disposición a escuchar sus puntos de vista y sus argumentos en defensa del proyecto “Ixtaca”.

“A pesar de que ellos no han informado a los habitantes del impacto que tendrá la minería en sus vidas, nosotros quisimos compartir los resultados de la investigación con las autoridades federales, municipales y estatales; con los empresarios. Decirles cuáles son los hallazgos que hicimos: como la escasez de agua en algunas comunidades, por la penetración de algunos barrenos en los mantos acuíferos; el hecho de que perforaron a mayor profundidad de lo que les permitió la Semarnat; la muerte de algunos animales que tomaron agua contaminada por los desechos, y la división que han creado entre los pobladores”, explicó Patricia Legarreta, de Poder.

Los habitantes expresaron que ya empezaron a resentir los efectos del trabajo de la minera y denunciaron que los geólogos y ejecutivos de la Almaden Minerals los han tratado con desprecio al grado de que cuando alguno de ellos asistió a una reunión que convocaron, no los dejaron expresarse, además de que han abusado de “los adultos mayores y de personas que no saben leer y escribir. Traen a gente preparada, pero preparada para engañar a las personas a la hora de explicar los beneficios de la minería. Ellos no nos dan derecho para preguntar”, se quejaron.

La vida no se negocia

Ramón, un fornido y bigotón comerciante  viajó 2 mil 661 kilómetros, desde Bacanuchi, en Sonora, para decirle a los pobladores de Ixtacamaxtitlán que están a tiempo de frenar la extracción minera que muchas desgracias ha traído a su pueblo, afectado por uno de los peores desastres ambientales que se han producido en el país.

A lo largo de la cuenca del río Sonora, les contó, hay unas 25 mil víctimas del derrame minero más grande en la historia de México: unos 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre cayeron sobre el Arroyo Tinajas desde la presa de jales de Buenavista del Cobre, en Cananea, donde se encuentra el tajo más grande del mundo, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país. “Tiene 15 mil veces más dinero que los dueños de Almaden Minerals”, soltó.

Además de los que murieron unos días después del 6 de agosto de 2014, en los 250 kilómetros que tiene la ribera del Sonora, hay decenas de personas enfermas de cáncer y muchos más con enfermedades en la piel, en los ojos, como consecuencia de haberse bañado en el río debido a que la Minera Grupo México, no emitió una alerta oportuna sobre el desastre ocurrido. “La información llegó dos días después, y porque la corrupción gubernamental así lo permitió, se dijo que el derrame ocurrió seis días más tarde”.

Aunque el torrente atraviesa siete municipios de los más poblados de esa entidad, sólo se ha reconocido “oficialmente” por parte de la Cofepris, la existencia de 650 personas enfermas a consecuencia de la contaminación generada por la minera que provocó, además, el cierre de 37 pozos de agua potable, y una afectación económica importante, contó.

La mina de Cananea, les explicó, tiene más de 120 años en explotación. Fue fundada en 1896 y sus obreros protagonizaron, en 1909, una de las legendarias huelgas que antecedieron a la Revolución Mexicana. “Cuando nosotros nacimos la minera ya estaba ahí, pero la experiencia que tenemos con ella ha sido horrorosa. En mi pueblo llegaron a prometer hospitales, estación de bomberos, carreteras y cuatro pozos de agua. No han hecho nada y si los hacen será para beneficio de ellos.”

Entonces, los reconvino: “ustedes tienen la oportunidad de salvar su vida. Tienen la decisión de aceptar la mina o no. Tienen derecho a la información. Pueden evitar que dentro de poco tengan una expectativa de vida de 55 años.  No sólo está en juego el presente, sino el futuro. La vida no se negocia”.