Francisco Z. Mena, Pue.- Responsables del programa Prospera cesaron a 12 vocales del municipio de Francisco Z. Mena por presunta coacción del voto en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio a conocer el presidente municipal, Víctor Vargas García, quien rechazó que de su parte se haya politizado el tema.

El alcalde indicó que las mujeres fueron suspendidas luego de que se recibieran denuncias de que promovían el voto a favor de la candidata a la gubernatura Blanca Alcalá Ruiz, con la amenaza de retirar los beneficios en caso de que no se sufragara por ella.

Vargas García dijo que en Francisco Z. Mena se han presentado varias denuncias que ya fueron atendidos por personal del mismo programa federal y se tuvo que sancionar a las beneficiarias.

Agregó que desde hace un mes, un grupo de vocales empezó a operar en varios puntos del municipio para solicitar el folio de la credencial de elector de cada titular, a quienes amagaron con dar de baja si no emitían su voto a favor de uno de los candidatos a la gubernatura.

Destacó que los casos fueron turnados ante las instancias correspondientes, pues se trata de delitos que deben ser investigados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), "sobre todo, si se lucra políticamente con un programa cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables".

Indicó que Francisco Z. Mena es uno de los municipios que ha iniciado procedimientos penales contra personas que operan estos programas del gobierno federal, aunque destacó que estas "viejas estrategias" se realizan en todo el estado.

En marzo pasado, cerca de 75 titulares del programa Prospera de la comunidad de Moctezuma (El Guayabal) denunciaron que habían entregado su número de folio de beneficiarias tras ser amenazadas con excluirlas "si no votan a favor de la priísta Blanca Alcalá".

Entre las señaladas como responsables de esta irregularidad estuvieron Leocadia Cordero Ruíz, Marisol Osorio Cejudo y Juana N.

Por ello solicitaron la intervención de las autoridades municipales bajo el temor de ser excluidas del apoyo federal.

Antes, funcionarios federales y municipales se acusaron mutuamente de manipular el programa y a sus beneficiarias a su favor.