Cuetzalan, Pue.- Los proyectos mineros, hidroeléctricos y de extracción petrolera a través de la fractura hidráulica han convertido a la Sierra Norte de Puebla en un territorio en disputa entre los intereses económicos de las empresas y el derecho humano al agua que está garantizado en la Constitución, consideró Javier Martínez del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Durante el taller “La Implementación del Derecho Humano al Agua: retos y oportunidades para las comunidades”, realizado en las instalaciones de la cooperativa Tosepan Titataniske, el especialista indicó que debe considerarse a esta región como una “zona de fuego” por las más de 90 concesiones para la extracción y explotación de los recursos naturales que se han otorgado a empresas nacionales y extranjeras, que entran en conflicto con los derechos de las comunidades.  

Señaló que las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), contienen varias inconstitucionalidades como la omisión del derecho a la consulta de los pueblos, los títulos que invisibilizan a quienes habitan y manejan los territorios, es decir, “se otorgan concesiones que pueden dañar los manantiales que abastecen a las comunidades y eso es poner en riesgo el derecho humano al agua”.

Martínez indicó que son los ayuntamientos el primer bastión para garantizar el derecho al agua que adquirió rango constitucional a partir de 2012, pero las autoridades de este nivel de gobierno desconocen el contenido de la Ley General de Aguas y la manera de garantizar y proteger este derecho para los pobladores y hasta que tienen esa obligación.

Por ello, consideró importante que las comunidades se capaciten para saber cómo exigir que se respete su derecho y se haga realidad, porque si su vigencia se deja sólo en manos de las autoridades su obtención puede “prolongarse al infinito”.

Indicó que en el ejercicio realizado los pasados 7 y 8 de febrero, autoridades de los pueblos y miembros de organizaciones sociales de Puebla, Tlaxcala y Chiapas analizaron la manera en que se están instrumentando los proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros. Aunque aclaró que para determinar que hay una violación al derecho humano al agua debe haber una resolución de la Comisión de Derechos Humanos, nacional o de los estados o una sentencia de juez.

“Es importante que las comunidades se involucren y capaciten en la defensa de este derecho. Que conozcan su contenido y lo defiendan”.

El derecho humano al agua debe ser entendido de manera pluricultural, como lo manda el artículo 2 Constitucional.

“En el México rural este derecho tiene que ver con lo que hacen las comunidades, son las que construyen los sistemas de agua, cuidan la recarga del acuífero, algunas veces tratan el agua. Así que la participación de ellas es clave y es un tema de democracia participativa que la ley federal no reconoce, que en la de Puebla le da una pincelada y por eso se convierte en un tema de defensa de los pueblos que deben apropiarse de este derecho”, explicó Martínez.