México. D.F. Este miércoles la diputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo, exigirá que el Congreso de la Unión exhorte al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, a reconocer la resolución presidencial del 10 de mayo de 1928 sobre la concesión de los derechos para el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales del río Huehuetlán, en favor de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y habitantes del municipio de Huehuetlán el Grande, Puebla.

En el marco de la sesión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo, argumentará que la Constitución Política establece que la explotación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales —incluida el agua—, sólo podrá realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal, conforme a la Ley Nacional de Aguas que data de 1922.

El artículo 13 de dicha ley señala que los usuarios del líquido, al concluir la ejecución de las obras autorizadas por sus títulos, podrían solicitar que se les expida la concesión en los términos de la ley vigentes para que sea ésta la que amparare, para lo sucesivo, el aprovechamiento de las aguas, expondrá la legisladora poblana.

“La declaratoria de jurisdicción federal de las aguas del rio Huehuetlán ocurrió hasta el 30 de agosto de 1933, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de propiedad nacional 61 de dicha corriente”, indica el documento que Luna Porquillo presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

También destaca que la resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 1928 sobre el decreto para la dotación de tierras por mil 996 hectáreas al Ejido Santo Domingo Huehuetlan, de las cuales 499 hectáreas corresponden a terrenos de riego, establece que a esa  villa corresponde el uso y aprovechamiento de esas aguas.

Aguas que se usarían de acuerdo a un plan general encaminado a obtener el máximo de utilidad, el cual sería siempre sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional Agraria, la que fijaría el volumen correspondiente y ordenaría y dirigiría las obras necesarias para su aprovechamiento.

La legisladora perredista añadirá que también existe un decreto mediante el cual se otorgan las facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que realicen actividades de carácter agrícola, silvícola, pecuario y acuícola.

La diputada Roxana Luna destacará que ya se entregó a la Comisión Nacional del Agua el expediente completo sobre la investigación que se realizó entre el año 2012 y enero de 2014, sobre la liberación del título de propiedad de manos del ciudadano Bibiano Aguilar Maquial, representante legal de la Sierra Mixteca Poblana, para los trámites correspondientes.