Miembros del Movimiento Autónomo Indígena Zapatista (MAIZ) aseguran que existen elementos para señalar a Rafael Moreno Valle, gobernador de estado, por discriminación con el agravante de odio a los habitantes de pueblos originarios en el estado, esto luego de la persecución judicial y encarcelamiento de indígenas poblanos y cuyo número podría rebasar los 30 casos tan sólo en el 2014.

Alfredo Lozano, quien es uno de los integrantes de la organización, advirtió que el número de los hablantes de lenguas indígenas que han sido procesados y considerados presos políticos y de conciencia aumentó significativamente desde que inició el sexenio morenovallista.

Señaló que pese a las exigencias, el esclarecimiento de los homicidios, la reparación del daño y las indemnizaciones de Esteban Antonio, ambientalista en Cuetzalan, del anciano Delfino Flores Melga y del menor José Luis Tlehuatle Tamayo, no fueron cumplidas en el año que concluyó.

Explicó que la administración actual ha vulnerado, como ninguna otra, a las minorías étnicas en el estado, actuando en contra de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, legislación que entró en vigor desde 1969.

Dijo que en el estado poblano, el gobierno actual está lejos de garantizar que “los derechos se ejerzan sin distinción de estado social o raza”, como mandata el pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; y el de Derechos Civiles y Políticos, pues los últimos sucesos en contra de los habitantes de juntas auxiliares y comunidades indígenas puede considerarse una apología del odio y constituye una forma de discriminación, hostilidad y violencia extrema.

Aseguró que se ha actuado contra las garantías en el Derecho Penal marcadas en los Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que condenan la detención abusiva preventiva de los indígenas e incluso propone se privilegien métodos de readaptación social por encima del encarcelamiento.

Lozano dijo que es urgente que en Puebla se aplique la legislación en favor de los indígenas en el Artículo 2º Constitucional, por lo que evidenció la necesidad que se nombren jueces con competencia, así como un Ministerio Público y una Comisión de la Verdad indígena.

Conforman el Fresocial

El primer día de 2015, el MAIZ convocó a la creación del Frente de Solidaridad con los indígenas de América Latina (Fresocial) ante el avance en la aplicación de los tratados de libre comercio, del Plan Puebla Panamá, (Plan Mesoamérica), el Plan Colombia y las reformas estructurales realizadas en el país.

“Los proyectos de muerte traerán despojo, desplazamiento, encarcelamiento y muerte para cada día en los pueblos originarios durante este año”, dijo a www.municipiospuebla.mx.

En la sede nacional de la organización, instalada en Puebla, miembros del colectivo se pronunciaron sobre la implementación de las gendarmerías, cuyos integrantes fueron descritos como “las policías al servicio del robo de las transnacionales – como el de la energía eólica que ya inició en el Istmo de Tehuantepec y Juchitán- y aseguraron que la apertura del segundo gran canal que atraviesa el continente por Nicaragua del Pacífico al Atlántico, la explotación minera a cielo abierto y la apertura de carreteras transístmicas ocasionan el más grande desplazamiento de los habitantes de los pueblos originarios en la última década.