Nealtican, Pue.- Visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recorrieron este martes terrenos de los municipios de San Buenaventura Nealtican, Santa María Acuexcomac y San Jerónimo Tecuanipan, convocados por pobladores que advirtieron la alteración del trazo original del Proyecto Integral Morelos (PIM). Acusaron que más de 100 elementos del Ejército Mexicano han realizado patrullajes en la zona donde la oposición al megaproyecto crece.

Ante la resistencia de los pobladores y el amparo 751/2014/ que suspendió el plan energético, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa de origen italiano Bonatti, responsable de la construcción del gasoducto, decidieron modificar el proyecto original e iniciar los trabajos en nuevos terrenos aledaños, donde los dueños no han dado permiso o incluso no han sido enterados.

Desde la semana pasada iniciaron trabajos en Santa María Acuexcomac para la construcción de la obra. Trabajadores y maquinarias se apostaron sin la orden correspondiente y la venia de los propietarios cuyos predios están sembrados con  frijol, chile y maíz. Los daños aún no han sido cuantificados.

El 26 y 27 de agosto empleados y maquinaria de la trasnacional se instalaron en 27 predios sin que la población estuviera enterada de que allí iba a pasar el gasoducto, relataron pobladores.

“La población está alterada, muchos ni siquiera dieron permisos, están siendo invadidos, existen propietarios de 80 años que fueron engañados por los empresarios quienes les dijeron que sólo iban a tomar «unos metros», pero en sus predios ahora hay zanjas muy profundas”, dijo Selene Santamaría Soriano, representante del Comité Ciudadano en San Buenaventura Nealtican.

El nuevo trazo del gasoducto aún se encuentra en las faldas del Popocatépelt, volcán que se encuentra activo y en alerta amarilla fase 2 -según el semáforo de alerta del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenepred)- y también pasará a menos de 100 metros de una zona habitada en San Jerónimo Tecuanipan.

A 100 metros de la zona poblada

Desde las 2:00 de la tarde Rafael Vázquez e Iván Patrese, de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acompañados por los pobladores afectados dieron fe de los daños que provocaron las excavadoras y otras máquinas pesadas en los terrenos de cultivo y una zona arqueológica, así como de la cercanía con los centros de población, además de los tubos en mal estado que permanecen apilados en los municipios.

“Los visitadores comprobaron que los tubos del gasoducto están a menos de 100 metros de la población. Es una zona donde están las casitas”, relató Fernando Cuéllar Muñoz, representante del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, AC.

Esta nueva queja se adjunta al expediente CNDH/6/20129556/Q que ya había abierto la CNDH por las amenazas de muerte que recibieron personas de la región de Nealtican, luego de negarse a entregar sus terrenos para el proyecto energético.

Los afectados adelantaron que llevarán hasta el Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia las denuncias correspondientes, según la instrucción del personal de la CNDH para agotar las instancias inmediatas.

El recorrido que hizo el personal de derechos humanos y los pobladores inició en una vivienda por donde pasaron patrullando elementos de la Policía Federal. “Curiosamente pasaban por allí”, insistió Cuellar aludiendo al clima de intimidación que se vive en la zona.