Huejotzingo, Pue.- El municipio de Huejotzingo, gobernador por Felipe Gorzo Ortega, donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el pasado lunes una planta de tratamiento de aguas residuales, enfrenta además conflictos con el servicio de agua potable y pasivos por 8 millones de pesos de morosos ante el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Sosapahue), así como conflictos económicos por la manutención y operación del Cereso regional, envuelto en señalamientos de violación de derechos humanos y tortura.

El sistema operador responsabilizó al gobierno del estado por la clausura de la planta por incumplir a través de la Secretaría de Infraestructura los requisitos necesarios para su rehabilitación, tales como un estudio de impacto ambiental.

Aunque el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas dio el banderazo de arranque de la obra a finales del 2012, los trabajos permanecen suspendidos hasta la fecha, por lo que las aguas residuales que pasan por esta planta son tiradas al río Xonapa sin el debido tratamiento.

La demarcación cuenta actualmente con ocho plantas de este tipo, pero sólo funcionan cuatro, porque el resto tampoco han sido rehabilitadas o puestas en marcha. Derivado de ello, la comunidad enfrenta continuamente los inconvenientes por la contaminación y riego de cultivos de hortalizas con aguas negras.

Las plantas de tratamiento que actualmente operan son las pertenecientes a los desarrollos habitacionales de Casas Homex, Casas Ara, Arcos del Alba y la de la colonia Benito Juárez. Las que no funcionan, son la Huejotzingo, San Miguel Tianguizolco, Santa María Nepopualco y la de Santa Ana Xalmimilulco, la cual fue clausurada el lunes.

Morosos adeudan más de 8 mdp

Esta no es la única problemática en materia de agua que enfrenta la administración, pues a principios de este mes de diciembre la comunidad se quedó sin el servicio de agua potable, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortara el servicio de energía eléctrica al Sosapahue, por adeudarle 311 mil pesos. El servicio fue restablecido hasta el jueves 5, tras nueve días sin agua, una vez que la administración realizó un pago parcial por la cantidad de 211 mil pesos a la paraestatal.

El asunto de fondo es que el organismo operador enfrenta un pasivo superior a los 8 millones de pesos, porque el 50 por ciento de la población adeuda cuotas de mantenimiento y operación, por periodos que van desde los dos meses hasta los 10 años. El problema se ha agudizado desde mediados de este 2013, cuando más de la mitad de los usuarios dejaron de pagar el servicio y aunque el sistema operador implementó la medida de colocar a la vista de todos, las listas de los morosos, sólo 10 por ciento se acercaron a cubrir sus cuotas pendientes.

En octubre pasado, el municipio estuvo a punto de enfrentar una situación similar por el adeudo de 320 mil pesos del Sosapahue a la CFE, pero de igual forma, el ayuntamiento intervino para superar el problema financiero.

Un “polvorín” el Cereso de Huejotzingo

Por si fuera poco, la crisis por la que atraviesa el ayuntamiento que encabeza Felipe Gorzo Ortega, se ha agudizado en el último año por los recursos que tiene que destinar al Centro de Reinserción Social que aunque es regional, ningún otro municipio aporta los porcentajes que les corresponden para la manutención de los internos y gastos operativos.

San Martín Texmelucan es el municipio que más dinero adeuda a Huejotzingo por concepto de contribuciones al Cereso, pues el 60 por ciento de la población carcelaria es originaria de esa demarcación.

El adeudo corresponde a los tres años de gobierno de Teodoro Ixtlapale Caporal, quien no ha transferido los montos, pese a estar etiquetados ya dentro del recursos enviado por el gobierno federal a través del ramo 33 destinado para atender demandas de carácter social como seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social, entre otros.

La complicación financiera del Cereso se ve rebasada por el hacinamiento que enfrenta, toda vez que su población asciende a alrededor de 330 presos, cuando fue construido para albergar a sólo 40 internos. De ahí que los conflictos por el control de los 500 metros cuadrados que tiene de área, sea una de las constantes, además de los evidentes actos de corrupción, cobro de cuotas y violación de derechos humanos que se viven en su interior.

Recientemente, a finales del mes de noviembre, Julián Martínez Huerta fue nombrado director del penal, en sustitución de Miguel Gómez Lozada, tras una riña que dejó el saldo de dos presos lesionados y de ser acusado por familiares de los internos de permitir actos de tortura.

Gómez Lozada, duró en el cargo apenas cuatro meses, pues a finales de junio entró en sustitución de Armando Morante Cadena, quien también fue quitado del cargo luego de tres cateos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, en los que hallaron electrodomésticos, teléfonos celulares, armas blancas y hasta sustancias prohibidas.

Reprueba evaluación de IMCO 

La administración de Gorzo Ortega, fue una de las 20 de Puebla analizadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quedando entre los municipios con mayor opacidad en todo el país, al alcanzar apenas 3 por ciento de un total de 100 puntos porcentuales posibles.

Una calificación igual le fue otorgada a municipios como Tlaltenango, Santiago Miahuatlán, San Salvador El Verde, San Gregorio Atzompa, Santa Clara Ocoyucan, Juan C. Bonilla, Domingo Arenas, Coronango y Chiautzingo

De acuerdo con el análisis estos municipios carecen de información pública  sobre el uso y destino de los recursos públicos.