Tecamachalco, Pue.- Sin notificación ni indemnización de por medio, el Ayuntamiento de Tecamachalco concretó la expropiación de un predio en el Barrio de la Villita, despojando a un ciudadano de su patrimonio, y ahora ante la solicitud de información sobre el caso, han amenazado a los familiares del afectado con expropiar un nuevo predio.

El ciudadano de Tecamachalco identificado con el pseudónimo de “Maximino Santos Hernández”, acusó que un predio propiedad de su padre, Cándido Román Andrade, fue expropiado de forma ilegal por el presidente de este municipio, Rubén Balcázar Juárez, asegurando que el edil ha evitado darles respuesta sobre este movimiento.

En acercamiento telefónico con municipiospuebla.com.mx, el denunciante que pidió guardar el anonimato para evitar represalias, explicó que su padre Cándido Román Andrade posee desde 1997 bajo concepto de compra-venta un predio de aproximadamente 10 mil 238 metros cuadrados, el cual se localiza en la calle 27 oriente del Barrio de la Villita, y que desde su adquisición ha sido destinado para la siembra de avena y maíz, así como posteriormente para la construcción de casas que han sido puestas en renta.

Señaló que en septiembre de este año 2013 él y su padre sembraron avena, posteriormente, en octubre regresaron para verificar el estado en el que se encontraba la siembra, sin embargo, descubrieron que en el lugar se encontraba un letrero en el que el ayuntamiento de esta entidad administrativa se atribuía la propiedad del mismo, y que sería destinado para la construcción de las oficinas de esta localidad.

Ante el hallazgo, “Santos Hernández” y Román Andrade acudieron en busca de una respuesta a la presidencia para entrevistarse con el síndico municipal, Gustavo Flores Román, quien les respondió que esa tierra contaba con un certificado de no inscripción, asegurando que contaban con el documento que lo acreditaba; tras esta noticia, buscaron a Balcázar Juárez, sin embargo –aseguró- nunca los recibió.

Tras este hecho, se dieron a la tarea de contratar una firma de abogados e indagar en el asunto, descubriendo que en 2007 el terreno fue expropiado por el ex munícipe, Jesús Notario Díaz, para la construcción de las oficinas del Barrio de la Villita, obra que nunca se realizó. Cinco años después, en 2012, el ahora alcalde, Rubén Balcázar concluyó el trámite y a su vez anunció la donación del predio al presidente electo, Inés Saturnino López Ponce, para la construcción de un parque en dicho barrio.

“Maximino Santos Hernández” asegura que esta expropiación se dio de forma ilegal, en primer lugar afirma que su padre cuenta con los documentos que lo acreditan como el propietario de los más de 10 mil metros cuadrados de extensión de territorio, en segundo porque en ningún momento recibieron un citatorio o una notificación, y en tercer lugar en todo momento hubo señales de un propietario al haber siembra y casas habitadas.

“Es imposible que ellos pensaran que no tenía dueño cuando gente vivía ahí. De hecho, siguen viviendo ahí, no sé cómo lo expropiaron si la gente vive ahí”, lamentó el agraviado.

Posteriormente de conocer la situación de este terreno, junto con sus representantes legales consiguieron una copia certificada de la escritura pública del municipio, presentando así el amparo 1496/2013 interpuesto ante el Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, el señor Cándido Román Andrade tiene en su poder la escritura del terreno otorgada por el juzgado de Tecamachalco en el año 2011, documento obtenido tras el fallo de esta autoridad con número de expediente 1511/2011.

Con estos elementos, tanto “Santos Hernández” como su padre han calificado esta expropiación como un acto ilegal, pues aseveran que incluso han sido blanco de amenazas por funcionarios del ayuntamiento, incluyendo al síndico municipal, Flores Román, quien les ha externado que es mejor que dejen de lado el tema.

Esta amenaza se hizo latente cuando el inconforme mencionó que el síndico lo ha amenazado en el sentido que de no dejar de lado la inconformidad por la expropiación del terreno de su padre, ahora sería un predio de “Maximino Santos Hernández” el que también resultaría afectado.

El quejoso ratificó que tras esta amenaza una camioneta del ayuntamiento de Tecamachalco acudió a su terreno para realizar diversas mediciones, situación de la que tuvo conocimiento gracias al aviso de los vecinos de este otro terreno.

Dispuestos a vender el predio

Aunque lamentó la postura del gobierno municipal, debido a la opacidad del trámite de la expropiación al no haberles notificado nada, mencionó que están abiertos al diálogo y a la negociación para poner en venta este terreno, toda vez que será destinado a la construcción de un parque que beneficiará a los habitantes del Barrio de la Villita.

La venta del predio estaría condicionada con el pago de una indemnización justa, que permita solventar la pérdida de la que es considera por ellos como su fuente de ingresos.

“No nos oponemos (a la venta del terreno), pero lo que nos molesta es la forma tan ilegal en la que se han apropiado del predio… nosotros por eso tenemos documentos que nos avalan como dueños, y pues queríamos llegar a un acuerdo con el presidente, por eso lo buscamos, si él quiere el predio no tenemos obstáculo, siempre y cuando se indemnice de la mejor forma”, abundó.

En ese sentido, exhortó a las autoridades municipales a prestarse al diálogo, ya que al describirse como una familia de bajos recursos, se declaró como dependiente de los recursos que obtienen con las cosechas y la renta que cobran a los inquilinos de las casas que fueron construidas en el lugar.

Irregularidades en el proceso

De acuerdo con la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, el afectado debió haber sido notificado del proceso de expropiación, situación que nunca ocurrió pese a que el dueño vivía en el mismo pueblo y trabajaba el predio.

Además en su Artículo 24 contempla la indemnización “siempre y cuando dicho convenio se firme en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la notificación del Decreto Expropiatorio”, pero ante la falta de notificación ésta tampoco pudo presentarse por la parte agraviada.

Otra de las irregularidades se refieren a lo estipulado por el Artículo 33 de la misma Ley que refiere que “Si los bienes que han originado una declaratoria de expropiación no fueren destinados al fin que dio causa a la declaratoria respectiva, transcurrido el término de cinco años, el propietario afectado podrá reclamar la reversión del bien de que se trate”. La solicitud tampoco pudo ser tramitada por el propietario, por desconocer el proceso y el proyecto planteado que no se realizó.