A lo largo de media calle, un agente de la policía municipal de Guadalupe Victoria atropelló y arrastró a una menor y a su abuela, causándole a la primera lesiones graves que la mantuvieron inconsciente en terapia intensiva por más de 8 días, sin que hasta el momento las autoridades municipales se hayan responsabilizado por los hechos.

Por los hechos registrados el pasado 9 de abril de 2012, la madre de la menor presentó una queja en contra del presidente municipal, Felipe Cortés Hernández, el comandante de la policía y los uniformados implicados, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), que emitió la recomendación 20/2013 a fin de que se proporcione apoyo a la víctima y se realice la investigación correspondiente.

Asimismo, el organismo pidió la colaboración de la Procuraduría General de Justicia para dar continuidad a la integración de la averiguación previa y definir los delitos en que incurrieron los funcionarios públicos.

No es mi obligación ayudar, dice el edil

De acuerdo con el expediente 10335/2012-C, la madre de la menor denunció los hechos ante Derechos Humanos el 24 de septiembre del mismo año, luego de que el presidente municipal de extracción priísta le dijera que no era su obligación ayudarla y le negara algún tipo de ayuda para la menor.

La mujer narró que el 9 de abril de 2012, aproximadamente a las 08:30 horas, cuando su hija y su mamá se dirigían al mercado municipal de Guadalupe Victoria, al pasar frente al domicilio del policía municipal implicado, éste conducía la patrulla 049 en reversa, sin tener precaución, por lo que golpeó a su mamá y a su hija.

Sin embargo la menor fue arrastrada como media cuadra con el vehículo, hasta que un comerciante le hizo señas al conductor para que se detuviera, bajándose de dicha unidad tanto el agente y otro policía que lo acompañaba. Subieron tanto a la hija como a su abuela a la patrulla y las llevaron al Hospital Integral del municipio.

La denunciante señaló que a este lugar acudió el comandante de la Policía Municipal, quien sostuvo que el Ayuntamiento asumiría todos los gastos, mientras los médicos informaron que su hija necesitaba ser trasladada con urgencia a la ciudad de Puebla porque le costaba trabajo respirar; vía aérea, fue llevada al Hospital General del Sur en la capital, donde permaneció inconsciente en terapia intensiva por ocho días.

La mujer permaneció en constante comunicación vía telefónica con el presidente municipal, quien siempre sostuvo que se haría cargo de los gastos, sin embargo estos fueron pagados con el Seguro Popular y el edil sólo la ayudó con el pago de la primera consulta en el Hospital General del Sur en la ciudad de Puebla.

Después de ello, buscó al munícipe y ya no lo localizó, hasta que uno de sus colaboradores le dijo que ya no la iba a ayudar y que gestionara la cobertura de los gastos con el policía responsable.

A raíz de este accidente, la menor fue operada del pulmón derecho, quedando con secuelas en el muslo izquierdo, además de que necesitaba un injerto y recibe terapia cada 15 días.

Ayuntamiento rechaza falta de apoyos pero la CDH acredita violaciones

La CDH abrió una investigación y solicitó la colaboración tanto de la PGJ como de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla (SSEP), para hacer la solicitud de información al ayuntamiento municipal, que en respuesta al oficio número 369, argumentó como falsa la falta de apoyos.

Incluso con el señalamiento de la alcaldía de Guadalupe Victoria, la CDH acreditó la violación a los derechos humanos y a la seguridad jurídica de la adolescente agraviada y su madre, esto por las lesiones causadas, la omisión de la puesta a disposición de los elementos involucrados ante la autoridad competente y el apoyo económico de la presidencia municipal hasta junio de 2012.

Con la investigación, fue posible la emisión de la recomendación 20/2013, en la que se le solicita al edil Felipe Cortés Hernández instruir a los involucrados para reparar los daños hacia la madre y adolescente, incluyendo atención médica y rehabilitación necesaria, dar aviso al contralor municipal del inicio de procedimiento administrativo en contra del elemento de policía municipal y los funcionarios públicos involucrados.

De igual modo, se le solicitó capacitar y evaluar a los efectivos policiacos respecto a sus habilidades, destrezas y conocimientos en materia de conducción de vehículos automotores para evitar una nueva situación, así como capacitar en cuestión de derechos humanos a todos los uniformados para evitar actos que atenten contra las garantías individuales de los ciudadanos.

Hasta el momento, el estatus de esta recomendación se mantiene en trámite.