Diez delegados del gobierno federal en los estados, incluido el de Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, son investigados por la Secretaría de la Función Pública por presunto uso de los programas sociales con fines electorales.

Así lo informó la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, quien precisó que el uso de los programas sociales con fines electorales “es otro delito que se tipifica como delito grave y tienen prisión preventiva oficiosa”.

Terminadas las investigaciones, “todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a responsabilidad penal por usar recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”, afirmó.

En la lista de los investigados figuran los súper delegados de Aguascalientes, Chihuahua Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco.

En el caso del ex delegado en Jalisco, Carlos Lomelí, hoy compareció ante la Función Pública, en su calidad de persona moral y de ex servidor público, tras acusaciones de irregularidades en la contratación de medicamentos.

Previo, el 13 de septiembre informaron a través de una circular la inhabilitación por dos años y medio de dos de sus empresas: Lomedic y Solfrán, las cuales deberán pagar multas millonarias que no fueron impugnadas.

Fotografía archivoe

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