Puebla, Pue.- La petición de reabrir 500 cuentas públicas de sujetos obligados, incluidas las del gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad; del alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato y del procurador con licencia, Víctor Carrancá Bourget, es una postura mediática del presidente de la Comisión Inspectora del Congreso Local, José Juan Espinosa Torres, quien se olvida del principio de definitividad.

Así lo declaró el diputado Oswaldo Jiménez López, integrante de la comisión Inspectora de la LX Legislatura, quien precisó que lo planteado por Espinosa Torres no ha sido aterrizado a través de una petición formal.

Narró que en una reunión anterior, cuando José Juan Espinosa pidió al titular de la Auditoría Superior del Estado, David Villanueva Lomelí conocer los pormenores del paquete de 500 cuentas públicas aprobadas por sus antecesores, le indicó que su petición la presentara por escrito para que le pudiera dar una respuesta.

Jiménez López no descartó que los actuales legisladores con mayoría de Morena en el Congreso Local puedan tener acceso a los expedientes de las cuentas públicas, pero rechazó que sea para reabrirlas.

Explicó que las cuentas aprobadas se rigen bajo el principio de definitividad, es decir son cosa juzgada. Y, tendría que estar muy bien sustentaba la petición de reabrirlas para que jurídicamente proceda.

Me parece que la petición de José Juan (Espinosa) es más bien una postura política, agregó el panista.

Este día, por mayoría, los integrantes de la Comisión Inspectora acordaron buscar el mecanismo para reabrir las cuentas públicas como lo sugirió Espinosa Torres, presidente municipal de San Pedro Cholula con licencia, quien tiene cuentas públicas pendientes de aprobación.

“Por el principio de definitividad las cuentas públicas no se pueden volver a juzgar… es un tema que no compete a la Comisión Inspectora, es un tema de la Auditoría, que pasó por la legislatura pasada. A mí me parece que más bien es un tema político, porque trae algún conflicto con la Auditoría, porque trae cuentas pendientes, y a mí me parece que le está queriendo dar otro matiz, muy lejano a lo legal”.

Por su parte, José Juan Espinosa argumenta que la determinación de buscar reabrir las cuentas públicas la toman por la inconformidad que diversos sujetos obligados presentaron, quienes apelarán los Inicios de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR).

Espinosa Torres acusó un uso político del organismo fiscalizador que debe transparentar los criterios bajo los cuales la LIX Legislatura aprobó 500 cuentas públicas en los últimos tres meses.

Foto: archivom

GJ