Esta semana, Grupo Salinas, conglomerado encabezado por Ricardo Salinas Pliego, estalló en su defensa luego de que la Procuraduría Fiscal de la Federación y el SAT ventilaran presuntos adeudos por casi 74 000 millones de pesos. En conferencia matutina, la procuradora Grisel Galeano García indicó que desde 2008, la firma ha impulsado 32 juicios fiscales para frenar pagos acumulados.

Acusaciones cruzadas

En un comunicado, Grupo Salinas rechazó el señalamiento, acusando de "extorsión a través de cobros dobles, abusivos e ilegales" por parte del "corrupto SAT". Señalan que se trataría de una retaliación política para “amedrentar y silenciar a críticos del poder”.

Por su parte, la procuradora fiscal enfatizó que Grupo Salinas ha recurrido sistemáticamente a “recursos judiciales, uno tras otro, ante todos los tribunales y autoridades posibles”. También informó que 26 000 millones de pesos se encuentran en litigio en la Suprema Corte, y más de 20 000 millones en tribunales colegiados.

El costoso legado de dos sexenios

En su defensa, el grupo advirtió que las presiones buscan cubrir los gastos de obras públicas del sexenio anterior:

• AIFA: 74 000 millones de pesos
• Dos Bocas: 400 000 millones
• Tren Maya: 500 000 millones

En total, cerca de 990 000 millones de pesos, una cifra que, según la empresa, equivale a más de 13 veces lo que se les reclama actualmente.

Contexto de disputas fiscales

El conflicto no es nuevo. En marzo de 2024, el SAT afirmó que el grupo debía 63 000 millones de pesos, divididos entre 53 000 millones por juicios previos y 10 000 millones de nuevos créditos fiscales. Desde entonces, Grupo Salinas ha declarado que ha pagado más de 127 900 millones de pesos en impuestos entre 2013 y 2023, y que los adeudos son "duplicados e inflados".

A esto se suma un fallo reciente: un tribunal colegiado ordenó a Grupo Elektra pagar 2 000 millones de pesos por impuestos no cubiertos en 2012. Esta decisión todavía puede ser impugnada.

¿Qué sigue en el conflicto?

Grupo Salinas asegura que seguirá presentando amparos y recursos legales, denunciando lo que considera “presiones políticas disfrazadas de fiscalización”. Mientras tanto, la SCJN y otros tribunales clave definirán si el conglomerado deberá pagar o si, como argumenta la empresa, las resoluciones son injustificadas.

Este caso vuelve a colocar sobre la mesa la tensión entre grandes contribuyentes y el gobierno:

• Las autoridades fiscales alegan evasión sistemática.
• Las empresas denuncian persecución con tintes políticos.

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foto cortesía 

xmh