Este lunes, los obreros se manifestaron por segundo día frente a la escuela primaria Carlos I. Betancourt, en cuyo patio levantaron salones de clases.

Los empleados contratados por una empresa que creen que “es fantasma” porque desconocen la razón social y de la que solo saben que es veracruzana, acusaron que los adeudos son por salarios y horas extras.

Explicaron que a algunos les deben dos días de salario, sin embargo a otros más de una semana del sueldo que devengaron armando las aulas móviles que serían utilizadas en comunidades donde la tormenta tropical Earl dañó las instituciones educativas.

Señalaron que las contrataciones se hicieron en un edificio ubicado en la calle Ocampo número 14, “propiedad” del legislador Carlos Martínez Amador, y recordaron que fue una mujer, presuntamente su secretaria o contadora, quien les hizo el contrato verbal: “sólo pedían copia del IFE y un comprobante domiciliario”, por lo que consideran al legislador como responsable de lo que sucede.

Ante la presencia de los medios de comunicación, manifestaron sus dudas sobre la calidad de las aulas. “El fierro que se utilizó para los bastidores es de segunda mano. Están oxidados y pareciera que la constructora los reutilizó trayéndolos de otros lados donde tenían obra”, dijeron.

Se desconoce el nombre de la constructora, ya que los responsables de la obra se negaron a dar información. Además amenazaron al personal, a quienes les dijeron: “no se metan en broncas, yo sé lo que te digo”.

A decir de los trabajadores inconformes, la firma fue contratada por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) a cargo de Jorge Benito Cruz Bermúdez, sin embargo, al establecer comunicación vía telefónica con la Dirección General de este organismo, una mujer que dijo llamarse Patricia Ruiz, señaló desconocer si el organismo asignó la obra y remató con que “ni siquiera sabía de la manifestación”.

En tanto, los manifestantes indicaron que los encargados de la empresa despidieron a 80 trabajadores y se quedaron con unos 50 laborando, aunque también les deben dinero.

Los contratados temen que al estar casi terminado el trabajo de armado de las aulas móviles, la empresa se vaya de Huauchinango sin pagarles.

La primera manifestación que hicieron los inconformes, fue la tarde del pasado sábado y este lunes se repitió, mientras dos de los representantes de la empresa constructora salieron de la escuela, con el supuesto objetivo de ir por dinero para pagarles.

Incumplimiento y malos tratos

Más tarde, en la puerta de la escuela, Eleazar Batalla Mendoza, de la colonia El Mirador, dijo que aunque le pagaron los 2 mil pesos que le debían, ya no lo contrataron “porque me dijeron que estuve de escandaloso. Me dijeron que ya no venga. Que ya no me presente”.

Mientras Ángel Castillo Garrido acusó que fueron invitados a un proyecto de aulas móviles en sitios dañados por Earl. “Fui contratado por dos semanas. Son jornadas de ocho horas, sin tiempo para comer. Trabajamos sin equipo de seguridad, estamos expuestos a la lluvia y al sol. Las horas extras nos las pagaron a 25 pesos cada una, pero el sábado nos hicieron igual que ahora: no nos pagaron. Ahora nos dijeron que se cortaba la semana el jueves, y a algunos les dieron sobres con 800 pesos. No traían las horas extras. Alegaron que la nómina no estaba bien. A algunos no nos dieron nada. Por ese nos citaron hoy a las 10 de la mañana y como no salía el señor que iba a pagar, nos paramos en la reja. Nos dijo que cómo iba a traer el dinero, si no lo dejábamos salir. Le pedimos una patrulla para que los llevaran al banco. Las aulas están en mal estado. Tienen humedad. Hay algunas láminas que están chuecas. Los encargados de la empresa se llaman Rubén e Iván. Solo nos hicieron un contrato verbal y tenían una lista de asistencia. El contrato lo hicimos en el edificio de oficinas de Carlos Martínez Amador. Para mí que es una empresa fantasma. No le veo razón social. No sé si haya vínculos con el diputado, pero nos contrató la secretaria de Carlos Martínez. Quedaron de pagarnos 200 pesos diarios y 25 pesos la hora extra”.

Mientras Sergio Vargas Hernández, originario de Naupan, indicó que no le habían pagado su salario de una semana y 15 horas extras. Además se quejó de las condiciones en las que trabajaron: “no dejan ir al baño, no podemos comprar un refresco. No firmaron un contrato, sólo fue de palabra. Nos pidieron credencial de elector y comprobante de domicilio. Contrataron a  más de 100 personas, somos unos 90 a los que no nos han pagado. Dicen que no hay dinero. El sábado nos dijeron que la nómina estaba mal, que las estadísticas no concordaban. Anunciaron que ya se van y que las demás aulas se van a hacer en Puebla, pero ni ganas de trabajar con ellos, porque al menos aquí salgo a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche estoy en mi casa. En otro lado tendría que gastar, hasta en un lugar para dormir”.