Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar cerca de dos mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), según resolvió este miércoles el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

La sentencia es resultado de un juicio fiscal que lleva más de cinco años activo, relacionado con la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) derivado de operaciones financieras entre empresas del mismo grupo. La resolución fue unánime, rechazando los intentos de la empresa de frenar el proceso con nuevos recursos legales.

Durante la sesión, la magistrada ponente Ana María Ibarra explicó que Grupo Elektra buscó deducir fiscalmente una operación con una empresa sin actividad económica real: Impulsora Industrial Empresarial Beta, creada tras una escisión interna.

“No se puede, porque esta empresa Beta nunca operó. Una empresa que nunca tuvo ingresos, nunca inició operaciones, no generó resultados patrimoniales positivos, ni existió. En la vida económica no generó actividad, ni tuvo nada dentro de ella. Una empresa nueva o de papel, podríamos decir”, declaró la magistrada.

Según el criterio de Ibarra, permitir ese tipo de deducciones representaría un daño importante a los ingresos del Estado, al generar un:

“ajuste artificial en la base gravable, que evidentemente trasciende de forma multimillonaria a los ingresos públicos del Estado”.

Además del monto que se debe cubrir, el fallo representa un nuevo revés judicial para el empresario Salinas Pliego, quien ha sido protagonista de múltiples litigios fiscales en los últimos años. En esta ocasión, la defensa del grupo empresarial intentó una vez más desestimar la imparcialidad del tribunal mediante escritos de último minuto, pero sus argumentos fueron rechazados.

Aunque esta resolución representa un paso firme hacia la conclusión del caso, todavía queda abierta la posibilidad de que Grupo Elektra recurra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar una revisión.

Cabe señalar que este proceso forma parte de una serie de controversias fiscales entre las empresas del Grupo Salinas y el fisco mexicano, cuyo saldo pendiente supera los 30 mil millones de pesos, según estimaciones del propio SAT.

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foto cortesía 

xmh