Tehuacán, Pue.- El secretario de Seguridad Pública de Tehuacán, Carlos Ruíz López, se deslindó de la denuncia penal en su contra por peculado y desvío de recursos, que involucra también al presidente municipal y el tesorero, interpuesta por el abogado Víctor León Rueda, quien exige el pago de sus honorarios tras la defensa legal de siete policías que fueron acusados de tortura y homicidio.

Desmintió que la comuna haya expedido pago alguno por los servicios profesionales de abogados y despacho, y aseguró que cada uno de los policías acusados en 2012, contrataron por su cuenta asesores legales, por lo que rechazó que el Ayuntamiento haya firmado algún contrato de servicios con el ahora demandante.

La jornada previa, el afectado informó ante medios de comunicación sobre las denuncias en contra de las autoridades tehuacaneras, toda vez que le fue suspendido el pago de honorarios desde hace dos meses.

Dicha denuncia fue presentada en contra del alcalde de Tehuacán Eliseo Lezama Prieto, el secretario de Seguridad Pública Carlos Ruíz López y el tesorero José Paul Sánchez, por el delito de peculado. La acusación fue hecha ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) bajo el número de averiguación previa 4582/2013.

León Rueda informó que también interpuso una denuncia adicional por delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público de Puebla, ya que podría haber desvío de recursos públicos.

Al respecto, el gobierno de Tehuacán emitió un comunicado para aclarar que en ningún momento ha celebrado por medio de ningún servidor público, contrato de prestación de servicios profesionales a favor de abogado o abogados para la defensa de los elementos del grupo táctico que se vieran involucrados en un asunto de carácter penal en el ejercicio de sus funciones, en el año pasado.

Por lo que los hechos que se hayan narrado por parte de alguna persona, ante las autoridades ministeriales, resultan falsas.

Destaca que la autoridad municipal siempre ha actuado de conformidad a lo establecido por la legislación en sentido de comprobar y aplicar los recursos públicos apegados a los principios de legalidad, honradez, eficacia, eficiencia, austeridad y economía, sobre todo en el ejercicio y aplicación del gasto.