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La deficiencia judicial: entre ignorancia, temor y falla institucional

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Exponen la deficiencia en los procesos judiciales complejos, especialmente aquellos relacionados con la adjudicación de derechos sobre bienes

PROMETEO

En la vida cotidiana de quienes acuden a los tribunales en busca de justicia, existe una expectativa natural: que los jueces resuelvan con imparcialidad, prontitud y claridad. Sin embargo, quienes tenemos a cargo procesos judiciales complejos, especialmente aquellos relacionados con la adjudicación de derechos sobre bienes, nos enfrentamos a una realidad muy distinta. En particular, los casos donde una empresa o persona adquiere de forma legal un “derecho litigioso” (es decir, el derecho a seguir un juicio o a cobrar una deuda ya reconocida judicialmente) se topan con un muro de resistencia dentro del sistema judicial.

Esa resistencia no siempre es fácil de entender para el público general. Se manifiesta en retrasos injustificados, en la negativa de los juzgados a reconocer a los nuevos titulares del derecho, y en trabas que van desde no dar acceso a expedientes digitales hasta impedir la ejecución de sentencias firmes. A pesar de tener todo en regla: documentos, sentencias, registros y notificaciones, los juzgados actúan con desconfianza o pasividad.

Esto afecta no solo a los abogados o empresarios, sino al público en general porque deja al descubierto que la justicia no está funcionando como debería. Cuando los tribunales no ejecutan sus propias sentencias, el mensaje es claro: no basta con tener la razón jurídica si el sistema no te la quiere hacer valer.

Una de las razones más frecuentes de esta ineficacia está en los propios juzgados. Muchos secretarios de acuerdos, quienes tienen una gran influencia en las decisiones diarias, no están bien capacitados en este tipo de procedimientos. Otros simplemente temen actuar por no “comprometerse”, y prefieren no decidir nada. Y hay quienes, por comodidad o poder mal entendido, simplemente optan por no resolver.

Lo preocupante es que esta actitud persiste incluso cuando se presentan recursos como apelaciones o amparos. Es decir, parece no importarles que una instancia superior pueda revocar sus decisiones. Se sienten protegidos por la estructura judicial, por la falta de consecuencias y, en algunos casos, por compadrazgos institucionales.

Peor aún, si prospera la reforma que propone la elección popular de jueces y ministros, el problema podría agravarse. Elegir a los jueces por voto no garantiza que se elijan a los mejores, sino a los más populares o los mejor financiados. Esto podría traer una justicia aún más politizada, sin garantías de profesionalismo ni autonomía.

El efecto de esta realidad va más allá de los expedientes judiciales. El sector financiero, que opera con base en garantías, recuperaciones, flujos y certidumbre jurídica, también se ve afectado. Cuando no se puede ejecutar una garantía, cobrar una deuda o tomar posesión de un bien adjudicado, el riesgo de operar en México se multiplica. Las carteras vencidas crecen, los costos de fondeo se encarecen y la confianza institucional se erosiona.

Paradójicamente, en la próxima convención nacional bancaria este no será un tema de agenda. Se hablará de tecnología, de inclusión, de finanzas verdes. Pero no de justicia ni de ejecución de garantías. Como si el sistema judicial fuera un tema ajeno a la solidez del sistema financiero.

Es momento de asumir que todos somos corresponsables: jueces, litigantes, autoridades financieras, colegios de profesionistas y también la sociedad civil. Porque sin justicia efectiva, no hay estado de derecho, y sin estado de derecho, no hay desarrollo ni inversión sostenible.

Lo que está en juego no es solo un procedimiento legal. Es la confianza en el sistema judicial, que es parte del tejido que sostiene la paz social. Si un ciudadano o una empresa cumple con la ley, obtiene una sentencia favorable y aún así no puede hacerla valer, el sistema está fallando. Y cuando eso ocurre repetidamente, lo que tenemos no es justicia... sino simulación.

Es momento de exigir juzgados que resuelvan con base en derecho, que valoren la evidencia, que ejecuten sus propias resoluciones y que respondan a quienes acuden a ellos con fe en el sistema. La justicia no solo debe dictarse, debe cumplirse. Solo así recuperaremos la confianza perdida.

Mario Sandoval Chávez en X: @MarioSanFisan

PROMETEO (previsión/prospección)

CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.

ExPresidente Nacional AMFE.

 

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