El gobierno estadounidense ha establecido una nueva zona militar en el sur de Texas, conocida como el Área de Defensa Nacional de Texas (TXNDA, por sus siglas en inglés), que otorga al Ejército la facultad de detener temporalmente a migrantes indocumentados antes de entregarlos a la Patrulla Fronteriza. Esta medida, anunciada el pasado jueves por el Comando Norte de Estados Unidos, busca reforzar la seguridad en la frontera sur del país.

La TXNDA se extiende por una franja de aproximadamente 63 millas en el estado de Texas, comenzando en la frontera con Nuevo México y conectando con la base militar de Fort Bliss, ubicada en El Paso. Esta base, que anteriormente albergó a refugiados afganos y a menores migrantes no acompañados, está siendo acondicionada para cumplir con su nueva función de detención migratoria. Aunque no se ha establecido una fecha exacta para su apertura, se prevé que pueda albergar hasta 10,000 personas.

El Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) ha detallado que, bajo esta nueva estructura, el Ejército podrá realizar patrullajes en busca de personas en situación irregular, implementar medidas de control de multitudes si es necesario, y proporcionar atención médica a los detenidos para evitar pérdidas de vida o lesiones graves. Además, podrán colaborar en la instalación de barricadas, señales y cercas en la zona fronteriza.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para intensificar las operaciones de deportación y ampliar la capacidad de los centros de detención en todo el país. Otras bases militares, como la de Travis en California, también están siendo consideradas para albergar a migrantes detenidos.

La creación de estas zonas militares ha generado controversia. Por un lado, se argumenta que fortalecerá la seguridad en la frontera y facilitará el control de la migración irregular. Por otro, se cuestiona el uso de instalaciones militares para funciones de detención civil y se expresan preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

En el contexto mexicano, esta medida podría tener repercusiones en los estados fronterizos como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se espera un aumento en las deportaciones y una mayor presencia de autoridades estadounidenses en la zona. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por el trato que podrían recibir los migrantes en estas nuevas instalaciones y han hecho un llamado a las autoridades para garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.

Mientras tanto, en México, se mantiene la vigilancia en los puntos fronterizos y se refuerzan las medidas de seguridad para evitar el cruce irregular hacia Estados Unidos. Sin embargo, la situación sigue siendo compleja, y se espera que las próximas semanas sean decisivas para determinar el impacto real de estas nuevas políticas en la región fronteriza.

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foto cortesía

xmh