Puebla, Pue. - El Congreso del Estado de Puebla podría enfrentar un nuevo enfoque para garantizar el cumplimiento de las pensiones alimentarias.

La diputada local de Morena, Nayeli Salvatori, presentó el pasado 5 de abril una iniciativa que busca tipificar como delito el incumplimiento del pago de pensión alimentaria, con la finalidad de asegurar que los deudores sean sancionados y, sobre todo, que los beneficiarios, generalmente hijos de padres separados, puedan recibir la ayuda que les corresponde.

Durante la sesión, Salvatori explicó que la iniciativa pretende actualizar el Código Penal del estado, incorporando el delito de "incumplimiento de la obligación alimentaria". De acuerdo con la propuesta, los responsables que no paguen de forma injustificada la pensión alimentaria serían penalizados con penas de prisión que irían de tres meses a un año.

Además, se contempla una multa económica que podría alcanzar entre seis y 24 meses de salario mínimo, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

El objetivo de la legisladora es claro: garantizar el bienestar de los niños y niñas que dependen de estos pagos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben la pensión alimentaria que les corresponde, lo que coloca a muchos en una situación vulnerable.

Además, el 67% de las madres solteras enfrentan evasión de la obligación por parte de los padres.

La propuesta busca asegurar que los deudores, ante la amenaza de cárcel y multas, se vean obligados a cumplir con su obligación de pagar, lo que permitiría a los menores tener acceso a los recursos necesarios para su desarrollo. Para Salvatori, es fundamental que, además de las sanciones penales, las víctimas puedan contar con mecanismos legales eficaces para acceder a la reparación del daño.

El tema ha generado debate entre los legisladores. Algunos lo ven como un paso necesario para proteger los derechos de los menores, mientras que otros cuestionan si las penas propuestas son suficientes para erradicar el problema de la evasión.

En este sentido, Salvatori recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la obligatoriedad de cumplir con el pago de la pensión alimentaria, incluso en casos donde los procesos legales aún están en curso.

La SCJN ha determinado que los deudores deben seguir cumpliendo con su obligación, independientemente de si el proceso penal está suspendido o no.

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Foto cortesía

xmh