Puebla, Pue.- En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa de la diputada Lizette Minto García, que tiene el objetivo de considerar la violencia institucional como un delito que afecta la procuración y administración de justicia, además de castigar a quien propicie o tenga como finalidad obstaculizar, impedir o imposibilitar el acceso a los medios de justicia y el goce de las garantías judiciales de las víctimas.

Así como a quien ejecute conductas de intimidación, manipulación o realice comentarios o acciones que, perpetuando los estereotipos de género, propicien la inhibición de la voluntad de las víctimas para ejercer sus garantías judiciales o utilizar los medios y mecanismos de acceso a la justicia. O a quien realice u omita realizar las acciones o diligencias derivadas de su puesto de trabajo, con la finalidad de inhibir el proceso de acceso y administración de justicia de las víctimas.

Para este fin, se pretende reformar el artículo 423 y adicionar la fracción XLI al artículo 421 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y resolución correspondiente.

Foto: Especial

cdch