El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina descartó este lunes que exista persecución gubernamental contra los funcionarios que omitieron el pago de ISR por 722 millones de pesos e invirtieron 60 millones de pesos en el banco Accendo durante la administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Apenas la semana pasada, Rosario Orozco, viuda del ex mandatario, negó que hubiera daño patrimonial durante el anterior periodo de gobierno y refirió que los planteamientos que comenzaron a manejarse en la opinión pública se basaban en dolo y desconocimiento de los conceptos de ejercicio del gasto público.

Este lunes, Céspedes Peregrina indicó que respeta los puntos de vista y opiniones de medios de comunicación y personas sobre estos temas, sin embargo destacó que no hace juicios al respecto, ya que hay instancias estatales y federales que califican las acciones de los funcionarios y en su caso sancionan las conductas indebidas.

Indicó que en el caso del crédito fiscal que se dio a conocer por 722 millones de pesos, se desprendió de cinco auditorías hechas por el Servicio de Administración Tributaria de 2020 a 2022, por omisiones en el pago de ISR en la despensa de servidores públicos, prestación que históricamente estaba exenta de pago de impuestos.

“Y hablamos de que hubo una determinación nueva, por decirlo así, que gravaba despensa que antes no era así. La gente de Finanzas, al no tener claridad, no lo hizo, hoy se hace y es un crédito fiscal, la Secretaría de Hacienda lo determina como crédito. No digo que se lo robaron, se dejó de aplicar como pago de impuesto, es importante que en ese aspecto seamos muy certeros”, destacó en conferencia de prensa.

Expuso que su administración busca transparentar el ejercicio público en el tema de gasto y que cubra los temas fiscales, ya que de lo contrario generará recargos que tendrán consecuencia en la cuenta pública, por lo que pidió “prudencia y cabeza fría”.

En el caso del Banco Accendo, refirió que se revisan los documentos de entrega-recepción de la ex secretaria de Planeación y Finanzas, Teresa Castro Corro, por parte de la Función Pública a fin de determinar las acciones legales que se seguirán por la inversión de 600 millones de pesos en la institución que después se declaró en quiebra.

“No es persecución contra alguien, es lo que nos obliga la ley. Es una entrega-recepción, era obligación darla a conocer, sino tendría que reflejarse en la cuenta pública. Daríamos a conocerlo a toro pasado e incrementar recargos cada mes, no tenemos por qué pagarlos, no pagar intereses de más. No es persecución, para que no se mal interprete”, remarcó.

Dijo que en ambos casos su gobierno se conducirá conforme al marco legal y que se agoten los procedimientos para esclareces las acciones y responsabilidades si hubiesen incurrido los funcionarios encargados.

El mandatario señaló que la omisión también es un delito, por lo que tiene que dar cuenta clara de cómo es y cómo se encontró la hacienda pública del año que sea.

Agregó que hay cosas que no se han dado a conocer, como una deuda de 19 millones de pesos que no se paga desde 2010 ante la Comisión Nacional del Deporte, por lo que el organismo no asigna eventos internacionales a Puebla.

Asentó que si comete algún error lo asumirá y responderá, ya que quiere ser un gobierno cercano a la gente, que confíe y tenga herramientas en sus manos.

Foto: especial

gse