La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) negó “rotundamente” que apoye algún proyecto que intente revivir la llamada “Ley Bala”, misma que se encuentra abrogada.

Sin embargo, señaló que apoya la creación de un Protocolo de reacción inmediata y/o Manual de Procedimientos de actuación para personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSPE) en el caso de intentos de linchamiento en el estado.

En el marco de la presentación del informe semestral, realizado en el Congreso del estado, el Presidente del organismo, José Félix Cerezo Vélez, destacó la importancia del cumplimiento de la Recomendación 18/2022, en donde uno de los puntos señala la creación de un Protocolo de reacción inmediata y/o Manual de Procedimientos de actuación para personal adscrito a dicha Secretaría.

Lo anterior sería un complemento del Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla, que se encuentra vigente, y en el que se debe proporcionar el marco legal adecuado para la conformación de un grupo especial de reacción inmediata en casos de intentos de linchamientos.

El grupo especial al que se hace referencia, deberá contar con personal capacitado para realizar negociaciones con los pobladores en los casos de intento de linchamiento, con la intención de que puedan llevar a cabo la extracción de las posibles víctimas mediante estrategias adecuadas de disuasión o el uso de la fuerza apegado a los derechos humanos y en concordancia a lo que establece la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF), la cual es de carácter obligatorio a nivel nacional y se encuentra vigente, exista o no una legislación local sobre el tema.

“La CDH Puebla no tiene entre sus facultades la de presentar iniciativas de ley, además que reconoce que si bien la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla”, se encuentra abrogada, la existencia de la LNUF obliga a que cualquier acto de autoridad en que se haga uso de la fuerza, proceda en concordancia con ella”.

Por lo tanto, este organismo autónomo en ejercicio de sus facultades de promoción y protección a los derechos humanos, “únicamente solicita la creación de un marco especializado para los casos del fenómeno de linchamientos en el estado, con la finalidad de un rescate efectivo de víctimas potenciales, sin que se violen los derechos humanos de las personas involucradas”.

Foto: archivo m

gse