Puebla, Pue.- El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local Sergio Salomón Céspedes Peregrina, adelantó que la próxima Sesión Ordinaria podría aprobarse la propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta para reformar el Código Penal, con el objetivo de sancionar a funcionarios que contraten a policías municipales sin certificación o que tengas vínculos con el crimen organizado.

El líder del Poder Legislativo local consideró que es urgente la aprobación de las reformas al Código Penal y la Ley Orgánica Municipal que envió el jefe del Ejecutivo estatal, ante los hechos de Acatlán de Osorio, Quimixtlán y Tulcingo del Valle, este último municipio donde presuntamente fueron ejecutadas cuatro personas por parte de los policías municipales.

“Espero que en próximas sesiones se apruebe para que se pueda dar, ya está en comisiones, hay un trabajo intenso y estaremos trabajando de lleno con ello. Hay que generar las mejores condiciones para que haya una fuerza importante, donde los presidentes municipales tengan cuidado para ver a que policías contratan pero sobre todo que cumplan con la ley”, puntualizó.

Céspedes Peregrina, llamó a la bancada del PAN para que respalden la propuesta que envió el gobernador Miguel Barbosa, con el objetivo de que los presidentes municipales tengan cuidado preciso en la contratación de policías municipales, además de que entiendan que el interés superior es cumplir con la ley, es decir que haya elementos certificados, capacitados para garantizar la seguridad a los ciudadanos.

Es importante mencionar que la propuesta que envió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, plantea cárcel hasta por siete años contra funcionarios públicos que contraten a Policías Municipales que no cuenten con certificación policial, además de que tengan vínculos con bandas delincuenciales.

La Mesa Directiva del Congreso local dio cuenta de la Iniciativa enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta para reformar el Código Penal del Estado de Puebla y la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de establecer la obligación a los cuerpos de seguridad municipal para que cuenten con el documento de la Certificación Único Policial y registro correspondiente, así como la imposición de penas y multas.

Foto: Archivoe

cdch