El decreto consta de 20 artículos divididos en cinco capítulos que señalan que la oficina dependerá de la Secretaría de Gobierno. La oficina se encargará de asegurar y hacer cumplir las medidas de protección solicitadas por defensores y periodistas agredidos.

 

Así mismo, tendrá la función de proteger a quienes forman parte de esos gremios  y asegurar que sean ejecutadas las medidas de protección por parte de las dependencias correspondientes a quienes hayan sufrido una agresión.

 

Con base en los acuerdos y resoluciones, términos y plazos establecidos en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como en su reglamento, el organismo creado, deberá asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas y de protección que se emitan a favor de las personas beneficiarias.

 

En coordinación con las dependencias de seguridad, la oficina recién creada, capacitará para trabajar con la sensibilización de las autoridades respecto de la importancia social de la actividad de las personas que ejercen el periodismo y de la obligación del Estado de darles las garantías de seguridad y respeto a sus derechos humanos.

 

La oficina garantizará la protección del Secreto Profesional de los periodistas y su derecho para negarse a revelar la identidad de sus fuentes de información cuando esté considerada como reservada, siempre que sea difundida con apego a la legalidad y a los principios rectores de veracidad, imparcialidad, objetividad, equidad y responsabilidad y esté debidamente contrastada o documentada.

 

Además, la Segob asignará los recursos que requiera, inclusive la ampliación que se necesitará para el inicio de sus actividades que es a partir de la entrada en vigor del Decreto.

 

Para el pleno ejercicio de su profesión, los periodistas tienen derecho al secreto profesional, al acceso a fuentes de información, al respaldo gubernamental para la formación profesional y al reconocimiento de su trabajo; para ello, las instancias generadoras de información deberán facilitar el ejercicio periodístico, incluso la reserva de la información podría dirimirse a la luz de las normas sobre los derechos periodísticos.

 

Las medidas de protección deberán ser eficaces y responder con celeridad a las peticiones de periodistas y defensores de derechos humanos; asimismo, la oficina investigará y sancionará las agresiones, promoverá reformas y el reconocimiento social de los defensores y periodistas.

 

Por último, el decreto señala que la oficina deberá atender los casos de agresiones o censura contra periodistas; asimismo, deberá elaborar informes semestrales que permitan conocer las condiciones y agresiones, así como la elaboración de un atlas de riesgo sobre zonas peligrosas para defensores y comunicadores.

 

Foto: Archivo-e

LSM