Tras lo ocurrido en el penal de San Miguel donde fue hallado un bebé muerto en un bote de basura, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. y la Clínica Minerva Calderón, adscritos a la Ibero, piden a las autoridades esclarecer este hecho.

Por medio de un comunicado, solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, y la Dirección General de Centros de Reinserción Social, poner en marcha acciones que velen por los derechos humanos de los trabajadores, reclusos y personas que visitan las cárceles del estado.

"Manifestamos nuestra preocupación por el lamentable hecho y exigimos que se lleve a cabo una investigación pronta y exhaustiva con la prevalencia del interés superior de la niñez para esclarecer las causas de la muerte", se lee en la misiva difundida por la institución.

El instituto recalcó que el Estado está obligado a garantizar la protección a los niño y niñas, y en esencia el derecho a la vida.

“Es importante recordar que el Estado tiene el deber de brindar una protección especial derivada de la condición de Niñez, así como la obligación de garantizar el derecho a la vida, la cual implica una doble dimensión; la no privación arbitraria de la misma y la creación de las condiciones necesarias que se requieren para que no se produzcan violaciones a este derecho humano básico”, señala el documento.

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