Los dos ex funcionarios morenovallistas detenidos por la Fiscalía General del Estado habrían autorizado pagos a empresas que nada tuvieron que ver con la construcción del Centro Expositor, reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Ayer la Fiscalía General del Estado informó que detuvo y logró la vinculación a proceso de Alfonso N., quien fungió como director general Jurídico y Froylán N., encargado de despacho de la Dirección General Administrativa de la entonces Secretaría de Infraestructura del Estado de Puebla, porque suscribieron un convenio en 2015 relacionado con el Centro Expositor.

Indicó que ello obligó a la dependencia a dar cumplimiento de pagos por un monto de más de 107 millones de pesos, concediendo con ello “una ventaja indebida”.

Este jueves en conferencia de prensa el gobernador recordó que en el Centro Expositor, licitado desde el gobierno de Mario Marín, se hicieron acuerdos y convenios que afectaron a la administración estatal.

Recordó que la obra se entregó a una asociación de empresas, encabezadas por una “asociada” y apoyada por “asociantes”.

Dijo que si bien el gobierno de Puebla debía recursos por la obra, los funcionarios detenidos autorizaron los pagos a los asociantes y no a la asociada, “ahora tenemos un litigio, el pago que hicieron fue un pago indebido, por eso se detuvieron a dos ex servidores públicos del gobierno del estado en esa época.

Además destacó que también está detenida una persona que era magistrado de la Sala Administrativa.

Detalló que ahora deben responder por un daño patrimonial de más de 200 millones de pesos.

“¿Yo cómo voy a quedar con eso frente a los poblanos?, les pagaron a gentes que no debieron haberles pagado, por qué les pagaron, la asociada le reclama ahora al gobierno la falta de pago, estamos arreglándolo”, indicó.

En esta obra participaron las empresas Unión Presforzadora S.A., Supervisora Saesa, Constructora Checa, Grupo Álvaro Ramos SA de CV, y el Bufete de Construcciones Delta SA de CV y Supervisora Saesa.

La obra fue licitada en 2007 con un costo de mil 800 millones de pesos.

Foto: archivo e

gse