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Tres gobernadores -Mariano Piña Olaya, Rafael Moreno Valle y Miguel Barbosa Huerta- buscaron afanosamente hacerse del control de la Universidad Autónoma de Puebla, más en sus respectivos intentos no lograron su cometido y pese a los vaivenes de desestabilización e intromisión la comunidad universitaria nunca cedió a que se transgrediera su autonomía, ni que fueran mandatados por fuereños.

En el gobierno de Mariano Piña Olaya -1987/1993- se da la incursión del Estado al interior de la UAP para promover la caída del Rector Samuel Malpica Uribe –de los más jóvenes con 32 años al ser electo para el trienio 1987/1990- quien en gran parte abonó por su desastrosa administración, incumplimiento en pagos de quincenas a maestros y trabajadores, desviación de recursos y cero diálogo con autoridades.

La agitación al interior crecía, aunado a la denuncia por fraude presentada en la extinta Procuraduría General de Justicia, llevó a que el Consejo Universitario lo destituyera en 1989 y nombrara una Junta de Gobierno, que encabezaron Eduardo Jean Pandal y Juvencio Monroy Ponce.

Pese a los intentos de Piña Olaya, no logró poner Rector ante el rechazo universitario.

Amén de que aún estaban presentes los dos sexenios fallidos de los generales Antonio Nava Castillo y Rafael Moreno Valle, quienes por conflictos con la Máxima Casa de Estudios no concluyeron su administración al solicitar “licencia por tiempo indefinido” en 1964 y 1972, respectivamente; además del interino Gonzalo Bautista O’Farrill.

Hechos que le hicieron ver al guerrerense –lo impuso de gobernador el Presidente Miguel de la Madrid-, “bautizado” en Champusco, Atlixco, que lo llevó a desistir de su intentona.

Por lo que José Doger Corte fue electo para el último periodo de tres años 1990-1993, mismo que a través del Consejo Universitario modificó el reglamento interior para que la rectoría fuese de cuatro años, como hasta la fecha, con derecho a una reelección, teniendo un segundo periodo 1993-1997.

Vino el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, 2011-2017, y el “fruto prohibido” de apoderarse de la UAP llegó a su mesa.

Buscó y hurgó la forma de entrar al emblemático Edificio Carolino, pero una y otra vez se topó con el muro del estudiantado, docentes y trabajadores.

Dicen que su abuelo Rafael Moreno Valle, ex gobernador, fue quien lo hizo desistir, pues el General no pudo terminar su administración por la serie de confrontaciones con la UAP, más la serie de matanzas de campesinos que se dieron en la Sierra Norte por parte de militares que ocupaban cargos de seguridad pública.

Su intención –y deseo- era imponer en la Rectoría a Eukid Castañón Herrera.

Pero únicamente logró que su “tutor político”, y ex mandatario, Melquíades Morales Flores fuera designado presidente de la Fundación BUAP.

No más, no menos.

Y llegó a Casa Aguayo Miguel Barbosa Huerta, 2019-2024, con su “mano justiciera” y “sed de venganza” que derivó en momentos álgidos con su serial de enfrentamiento contra políticos, empresarios, periodistas y con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Acotándose:

Puebla atravesaba por una inestabilidad social, empresarial, laboral y de gobernanza, que inició con el fuerte cacicazgo de Rafael Moreno Valle, pues además de sus seis años de mandatario, lo extendió con los dos años del mini-gobierno de su “ahijado” José Antonio Gali Fayad, 2017-2018, y la imposición de su esposa Martha Érika Alonso Hidalgo a la gubernatura, 2018-2024.

De ahí a la trágica muerte de la gobernadora Martha Érika y de su esposo Rafael, el 24 de diciembre de 2018, cuando apenas tenía 10 días de haber sido investida titular del Ejecutivo.

Lo que llevó a que el Congreso designara a Guillermo Pacheco Pulido gobernador interino y el INE convocara Elección Extraordinaria de Gobernador para junio de 2019, donde volvió a contender por Morena Miguel Barbosa –perdió un año antes con Martha Érika Alonso-

Ya instalado en Casa Aguayo, la mano de Barbosa se alzó para violentar la autonomía de la BUAP, a través de Francisco Romero Serrano a quien había impuesto en la Auditoría Superior del Estado y cuyo primer acto fue ordenar una “auditoría externa” a la Universidad Autónoma de Puebla, violentando flagrantemente la autonomía universitaria.

El Congreso eligió en noviembre de 2019 a Romero Serrano y al mes siguiente ya estaba con un ejército de auditores en El Carolino.

El 2020 fue un año severo, difícil y de mil batallas de la comunidad universitaria, que cerró filas en defensa de la BUAP, de su autonomía e independencia.

Sumándose a la defensa la Cámara de Diputados y, desde luego, el Consejo Universitario, la ANUIES e instituciones privadas de educación superior.

Ante el fracaso de la Auditoría Superior del Estado, entró el mandatario Miguel Barbosa para enfrentar públicamente al Rector Alfonso Esparza Ortiz.

El fin era doblegarlo y llevarlo a que renunciara, que entregara la silla rectoral.

La intentona gubernamental volvió a fracasar.

Tal y como aconteció con Piña Olaya y Moreno Valle.

Porque la Rectora número 31 de la Benemérita fue Lilia Cedillo Ramírez, electa por la comunidad universitaria y no el Estado.

Lo que lleva a cobrar relevancia el apunte del Ejecutivo Estatal, Alejandro Armenta Mier, al recordar “cuántos gobernadores cayeron por meter las manos a la universidad”.

Afirmar que “el gobernador tiene las manos fuera del proceso de renovación de Rectoría de la BUAP”.

“Entrometerse en la vida universitaria es como meter un lobo a un circo”.

E ironizar… “la universidad tiene su Lobo-BUAP”.

Por lo anterior, se augura que en la elección rectoral del venidero 10 de septiembre, la doctora Lilia Cedillo será reelecta por la comunidad universitaria.

Al tiempo.

 

 

 

clh