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Para evaluar la actuación de una agencia, a veces basta con asomarse a una sola escena que no admite excusas. Es el caso de la celda donde el joven Daniel Chong pasó casi cinco días “desaparecido”, en una instalación de la Drug Enforcement Administration (DEA) en 2012. Tras haber sido detenido en un operativo antidrogas, y después de varios días encerrado sin agua ni comida, tuvo que beber lo único que su cuerpo podía ofrecer. Después de gritar inumerables ocasiones en vano para pedir ayuda, la desesperación lo llevó a romper sus lentes, tragó un fragmento de vidrio que le perforó el esófago y con otro pedazo grabó: “Sorry, Mom” en su antebrazo,[1] como si la burocracia necesitara una señal para recordar que ahí había una vida. No fue un operativo fallido ni un agente corrupto, fue el olvido institucional convertido en rutina, la cadena de custodia aplicada por error a un ser humano. Este episodio condensa la pregunta de fondo: ¿quién vigila al vigilante cuando el procedimiento devora el propósito y el mandato borra al ciudadano de la escena?

Los antecedentes de la DEA se remontan a los años sesenta y comienzos de los setenta del siglo pasado, cuando se produjo una convergencia de reformas legales y reorganizaciones que reconfiguró la arquitectura antidrogas de Estados Unidos (EE. UU.). La Controlled Substances Act (CSA) de 1970 creó cinco listas (Schedules I–V) que clasifican las sustancias según su potencial de abuso y su uso médico aceptado. La CSA también creó un “sistema cerrado de distribución” y un “programa de control”, que juntos exigen a fabricantes, distribuidores, prescriptores y farmacias registrarse, reportar información, someterse a inspecciones y enfrentar sanciones en caso de incumplimiento. Este marco integró regulación, trazabilidad y vigilancia para impedir el desvío de fármacos al mercado ilícito y, al mismo tiempo, asegurar su disponibilidad para fines médicos y científicos.[2]

Pese a contar con un marco unificado, el aparato federal antidrogas siguió fragmentado: el Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs (BNDD) del Departamento de Justicia llevaba las investigaciones en territorio estadounidense y la gestión de registros; Aduanas realizaba acciones de control y decomiso en puertos y fronteras; la Food and Drug Administration (FDA) conservaba funciones regulatorias sobre prescripción, rotulado y desvío; mientras estados y policías locales perseguían narcomenudeo con criterios dispares.[3]

Ese fue el contexto en el que se conformó la DEA. En 1973, el diagnóstico del entonces presidente de EE. UU., Richard Nixon, fue claro: demasiadas oficinas que competían entre sí y ninguna con autoridad suficiente para coordinar la lucha contra las sustancias prohibidas. Fue así como el llamado Plan de Reorganización número 2 contempló el surgimiento de la DEA y la colocó bajo el Departamento de Justicia de EE. UU. con la promesa de poner orden y terminar con la confederación de esfuerzos dispersos.[4]

Posterior a su creación, la DEA intensificó el combate a las redes criminales vinculadas con la producción, distribución y uso de sustancias ilícitas. En los años ochenta del siglo XX, el Gobierno federal estadounidense reordenó frentes, impulsó grupos conjuntos (Task Forces) con otras agencias federales –la Oficina de Investigación Federal, Aduanas y Guardia Costera– y combinó herramientas fiscales y policiales para ir tras redes de alto nivel. Con la epidemia de cocaína fumable (crack), la acción se aceleró y la Agencia comenzó a proyectar su presencia fuera del país. Tras el auge de los años cincuenta a setenta, los noventa registraron un repunte del consumo de heroína. La respuesta fue una coordinación institucional más estrecha, con el fortalecimiento de una división de operaciones especiales y la creación de equipos móviles de apoyo a policías locales. Todo ello en un clima marcado por la violencia y por episodios como el atentado de Oklahoma City en 1995, en el que perdieron la vida 168 personas, incluidos cinco integrantes de la DEA.[5]

A comienzos del siglo XXI, el apogeo de las drogas sintéticas y del comercio electrónico obligó a la DEA a operar en tres frentes. En el digital, la Operación Cyber Chase de 2005 desmanteló redes de farmacias virtuales que vendían sustancias controladas sin receta.[6] En el regulatorio, la Combat Methamphetamine Epidemic Act de 2005 restringió el acceso a la pseudoefedrina y compuestos similares con límites, registros e identificación obligatoria, lo que encareció la materia prima de los laboratorios de metanfetamina.[7] En el exterior, entre 2004 y 2009 se desplegaron equipos de respuesta rápida en Afganistán, integrados con fuerzas militares y policías locales, para destruir laboratorios de opio y heroína.[8] Este viraje expedicionario extendió el alcance de la Agencia y difuminó la línea entre lo policial y lo castrense. A la par, aumentaron los riesgos en campo, las demandas de control civil y el llamado a la rendición de cuentas.

La expansión de capacidades de la DEA llegó acompañada de métodos de investigación difíciles de inspeccionar desde fuera. En 2013 se documentó que una unidad de operaciones especiales instruía a agentes para encubrir el origen de ciertos indicios e impedir la reconstrucción de la ruta probatoria, práctica conocida como parallel construction, con el fin de proteger fuentes o métodos sensibles.[9] Al respecto, organizaciones de derechos humanos advierten que este tipo de acciones erosionan el acceso a un juicio justo y dificultan el control judicial de medidas potencialmente desproporcionadas.[10] En el caso de operaciones encubiertas, existen señalamientos de autorizaciones para que informantes cometan delitos sin un registro verificable. Se suman, además, mensajes institucionales y narrativas alarmistas en medios, que simplifican o distorsionan el fenómeno de las drogas y han acompañado expansiones presupuestales, desviando la atención pública.[11]

Fuera de EE. UU., los peores excesos de la DEA han seguido un patrón: misiones en expansión, opacidad operativa y herramientas invasivas que rebasan la función original y carecen de controles funcionales. En Honduras (2012), una operación para interceptar cargamentos de sustancias ilícitas terminó en tragedia: personal hondureño bajo control operativo de la DEA disparó a una lancha civil y mató a cuatro indígenas miskitos, entre ellos dos mujeres embarazadas, e hirió a tres. Después, la oficina del inspector general de Justicia concluyó que la Agencia entregó información incompleta e inexacta a sus superiores y al Congreso.[12] En Jamaica (2010), una operación para detener y extraditar al jefe de una organización criminal derivó en la muerte de al menos 73 civiles, tres de ellos mujeres, y la incautación de solo seis armas de fuego. Aunque la masacre no fue ejecutada por la DEA, la Agencia retuvo grabaciones de videovigilancia tomadas desde un avión del Gobierno de EE. UU., alimentando cuestionamientos sobre la transparencia y el papel de este tipo de agencias en operativos letales.[13]

Pese a todos los aciertos y tropiezos, la DEA mantiene un peso relevante dentro del aparato antidrogas estadounidense. En la actualidad la dirige un administrador nombrado por el presidente y confirmado por el Senado, sin un plazo fijo de mandato. Ocupa el quinto lugar por gasto neto entre las divisiones del Departamento de Justicia y su presupuesto pasó de 790 millones de dólares en 1980 a 2610 millones en 2024. Cuenta con 8912 empleados civiles, opera 241 oficinas en 23 divisiones dentro de Estados Unidos y mantiene 91 oficinas en 68 países. [14] [15]

A partir de estas lecciones, conviene mirar la interacción de la DEA con México, donde la colaboración cotidiana bilateral convive con tensiones por soberanía, cadena de custodia e intromisiones en política interna. Como oficina de enlace, la Agencia ha compartido inteligencia, acompañado pesquisas e integrado expedientes para tribunales federales de EE. UU., todo ello sin facultades legales para detener criminales ni allanar propiedades en territorio mexicano.

La relación ha transitado con encuentros y diferencias: del punto más bajo marcado por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena en 1985, que desató respuestas fuera de jurisdicción y sembró décadas de recelo, a etapas de cooperación. Entre esos ejes, las actuaciones no armonizadas han erosionado la confianza en ambos sentidos. México ha rechazado las detenciones y extracciones de presuntos delincuentes sin aviso y los anuncios de operativos sin un marco bilateral definido.

El entorno actual es especialmente sensible: la Casa Blanca volvió a ligar la cooperación antidrogas a un esquema de presión comercial arancelario. Aunque su legalidad se disputa, el efecto político es inmediato: la relación con México se vuelve un tira y afloja medido por anuncios y decomisos, con costos para las cadenas productivas en un escenario en el que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está próximo a revisión. En ese tablero, la DEA pasa de ser un actor antidrogas a una especie de palanca política de negociación comercial.

El uso de aranceles como herramienta antidrogas, sin duda, introduce un sesgo en los incentivos. La tensión se evidenció recientemente con el anuncio sobre el “Project Portero”, según la DEA, una respuesta coordinada contra operadores que controlan el acceso a rutas del contrabando de drogas y armas en la frontera. La presidenta Claudia Sheinbaum lo desmintió de inmediato: “No existe ningún acuerdo con la DEA […] cada quién opera en su territorio”, además, subrayó que cualquier cooperación deberá canalizarse por conductos gubernamentales formales y con respeto a la soberanía.[16] Más que un malentendido, el episodio muestra el riesgo de proyectar una agenda mediante comunicados unilaterales: se deteriora la confianza necesaria para investigaciones complejas y se alimenta, en México, la percepción de intromisión.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha distinguido por una cooperación sin precedentes con EE. UU. en materia de seguridad. En este entendido, ha entregado a 55 integrantes de organizaciones criminales para enfrentar procesos o cumplir condenas en prisiones estadounidenses. La respuesta han sido anuncios unilaterales de la DEA y gestos afines hacia sectores injerencistas estadounidenses que incluso promueven acciones militares en territorio mexicano.[17] Ante ello, la mandataria mexicana ha sido clara en sus mensajes previos al Primer Informe de Gobierno: “somos una nación libre, independiente y soberana. Colaboramos, nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos […]”.[18]

Con la reciente admisión de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada en una corte federal estadounidense, la relación operativa entre la DEA y México se mueve en el plano simbólico: demuestra que la cooperación judicial puede culminar en condenas de alto perfil, pero solo será sostenible si se ciñe a reglas bien definidas sobre el actuar de los agentes, la custodia de la evidencia y la comunicación pública.

La línea entre cooperación y subordinación parece ser borrosa para el Gobierno de EE. UU. cuando la interlocución pasa de las cancillerías a las agencias operativas con poco ánimo de compartir información o cuando se encadenan decisiones comerciales a objetivos policiales. Para México, no puede haber medias tintas. No se puede tolerar a una Agencia extranjera hostil a la vigilancia. En este sentido, la reforma de 2021 a la Ley de Seguridad Nacional fijó el camino: agentes extranjeros con reglas claras, sin inmunidad automática, con obligación de informar y coordinar. Uno de los efectos de esta normativa fue el cierre de la Unidad de Investigaciones Sensibles, que entrenaba y financiaba a un cuerpo policial de élite mexicano por parte de la DEA.[19]

El balance apunta a una lección inequívoca: fuera de EE. UU., la DEA no puede ocupar el lugar de la diplomacia y no sustituye los contrapesos que solo una coordinación intergubernamental ofrece. Cada vez que se cruza esa frontera, el costo reputacional y político se acumula durante años, aun si las operaciones son capaces de rendir frutos. La relación actual de la DEA con el Estado mexicano solo se puede corregir con paciencia institucional, humildad y reconocimiento de los límites por parte todos, en especial de quienes resisten los controles.

Daniel Chong sobrevivió a la perforación de esófago y ganó una demanda contra la DEA, pero la imagen de sus días en esa celda advierte sobre el riesgo de normalizar el exceso: sin supervisión, los protocolos pueden dañar a las personas; con vigilancia tardía y politizada, la cooperación se deteriora. En el marco económico que hoy propone Washington, la relación entre México y la DEA sólo será sostenible si todas las acciones se sujetan a reglas claras y al debido proceso: en seguridad, el cómo es tan importante como el qué.

 

 

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