La guerra intestina de la familia Jenkins
Viernes, Julio 18, 2025 - 12:43
En este espacio, ayer se escribió la primera parte de “Las batallas perdidas del fiscal Gertz por apoderarse de la UDLAP”.
Hoy se narra la segunda parte de esta historia, que fue retomada del amplio reportaje que publicó el diario Reforma.
El 4 de mayo de 2016, la PGR inició una carpeta de investigación por los posibles delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal, fraude y administración fraudulenta en la Fundación Mary Street Jenkins.
El detonante fue una denuncia presentada por Guillermo Jenkins de Landa, quien en 2013 había sido removido por su familia como miembro del patronato de la fundación.
Como denunciante, acusó que en abril de 2014 la fundación donó su patrimonio de 720 millones de dólares a otra llamada Bienestar para la Filantropía, que operaba en Aguascalientes, entidad que luego se dio de baja en México y trasladó su operación a Barbados, y más tarde a Panamá.
Señaló como probables responsables a sus hermanos Roberto, Juan Carlos, María Elodia y Margarita Jenkins de Landa; a sus padres Guillermo Jenkins Anstead y Elodia Sofía de Landa Irizar; y a Juan Guillermo Eustace Jenkins, así como a Manuel Mastre Martínez y los abogados Virgilio Rincón, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández.
El 6 de octubre de 2017, esta y otra querella del denunciante fueron turnadas a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF), que era parte de la SEIDF, entonces a cargo de Felipe Muñoz.
Cuando la FGR solicitó el pronunciamiento de Hacienda, el SAT respondió que no existía ningún delito fiscal y que, en consecuencia, no presentaría una querella contra los denunciados.
En diciembre de 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también informó a la Fiscalía que no halló indicios de lavado en este asunto, por lo que carecía de elementos para formular una denuncia.
Como la denuncia de Hacienda es requisito para fincar este tipo de delitos, el 4 de mayo de 2018 la UEIDFF acordó archivar el caso, con la autorización del subprocurador Muñoz.
En 2019, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), a cargo de Adriana Campos, ordenó revisar esa carpeta de investigación.
Y en mayo y diciembre de ese año, Sofía Elizabeth Romero Franco, Patricia García García y Martín López Serrano, funcionarios de la FEAI, concluyeron que no había ninguna deficiencia ni irregularidad en el cierre de la indagatoria.
FGR, al abordaje
Prosigue el reportaje del periodista Abel Barajas:
Aunque la FEAI emitió ese dictamen ya en la gestión de Gertz Manero en la FGR, unos meses después ocurrió un viraje de 180 grados.
El 12 de junio de 2020, el subprocurador de Delitos Federales, Juan Ramos, ordenó reabrir la carpeta de investigación, y tres días después le reconoció la calidad de víctima a Guillermo Jenkins de Landa.
Poco después, el 27 de octubre del mismo año, Jenkins presentó una denuncia contra el “carpetazo” de 2018.
Con el caso reabierto, el 18 de febrero de 2021, la FGR pidió las órdenes de aprehensión contra nueve imputados, y seis días después un juez de control federal de Almoloya de Juárez las giró por el delito de lavado de dinero.
Roberto, Juan Carlos, María Elodia y Margarita Jenkins de Landa, así como Elodia Sofía de Landa Irizar, Juan Guillermo Eustace Jenkins y los abogados Virgilio Rincón, Alejandro González y Carlos Román Hernández, se convirtieron en evadidos de la justicia.
Dos de ellos, Juan Carlos Jenkins y Carlos Román Hernández, comparecieron ante un juez de control y fueron vinculados a proceso, aunque no vieron comprometida su libertad. Los demás continuaron prófugos.
Reveses: uno tras otro
Las órdenes de aprehensión contra los Jenkins empezaron a venirse abajo el 25 de abril de 2024.
Ese día, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la capital ordenó cancelar el proceso y la investigación contra Juan Carlos Jenkins y el abogado Román.
El tribunal sentenció que fue inconstitucional la reapertura de la investigación, acordada el 12 de junio de 2020 por Juan Ramos, y dejó firme el archivo del caso dictado el 4 de mayo de 2018 por Muñoz y compañía.
El colegiado fue especialmente duro con la FGR, a la que calificó de arbitraria, por tomar una decisión que sólo compete a los jueces de control, a petición de la víctima.
“Es inexorable que, como órgano técnico, en lugar de aceptar como finiquitada o concluida toda atribución persecutoria conferida en esa indagatoria, impulsara de propia autoridad su revocación y reactivación vía dictamen, reflejando un total desprecio al Estado de derecho”, dijo el tribunal.
Este año, prácticamente con el mismo argumento, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca canceló las órdenes de aprehensión y la investigación contra los otros cinco integrantes de la familia Jenkins y los dos abogados restantes que estaban evadidos.
Guillermo Jenkins aún puede impugnar este último fallo con un amparo, concluye el texto.
Por lo anterior, no queda la menor duda: esta historia narra las batallas perdidas del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por hacerse de la Universidad de las Américas Puebla, la cual fue violentada por el extinto gobernador Miguel Barbosa, al ordenar a la policía estatal invadir el campus universitario e imponer como rector a Armando Ríos Piter “El Jaguar”, en julio de 2021.
De ahí que hay de historia a historia.
Y de mitos a mitos.
Al tiempo.
clh
