En la recta final del proceso electoral 2024, la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) cobró relevancia con decisiones que suscitaron reacciones diversas. La primera se centra en la orden emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto hacia una senadora de la oposición, por la cual solicitó a esta suspender inmediatamente su participación en un programa radial. ¿La razón? La preocupación por una posible sobreexposición mediática que podría incidir en los equilibrios de la contienda.
La misma Comisión ordenó también que se eliminaran algunas partes del segundo debate presidencial, específicamente aquellas en las cuales la aspirante del bloque opositor se refirió a la doctora Claudia Sheinbaum con el término “narcocandidata”.
Todas y todos hemos sido testigos de la guerra sucia desatada en contra de la abanderada de la alianza Sigamos Haciendo Historia, lo cual no es de extrañar, toda vez que la tendencia mayoritaria en las encuestas de opinión sugiere que la doctora Sheinbaum será la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.
La distancia sobre su más cercana contendiente, según los datos más recientes, es de al menos veinte puntos, por lo que podemos hablar de que es irreversible. Tan contundente desventaja, sumada a las determinaciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE está exhibiendo la intención de algunos opositores de poner en tela de juicio el proceso democrático.
Primero, intentan sembrar dudas sobre la integridad electoral sugiriendo posibles fraudes a través de hackeos al sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Segundo, tratan de politizar la lucha contra la inseguridad, cuestionando el proceso de instalación de casillas, aunque el mapa de riesgos esté a cargo del INE.
Sin embargo, en este momento del proceso se están tomando medidas para garantizar la transparencia y seguridad del material electoral. Para el día de la jornada, 32 mil observadores internacionales verificarán que se respeten las normas. Además, el PREP ha sido evaluado por personas expertas como confiable y libre de fraudes. El INE también está calculando los riesgos para la instalación de casillas y se han implementado acciones para mitigar cualquier incidencia, como fuentes de energía alternativas ante posibles sobrecargas en el sistema eléctrico.
Es evidente que el INE desempeña un papel crucial en el proceso electoral, garantizando la equidad y transparencia en las contiendas políticas. Y en un contexto en el que la confianza en las instituciones democráticas es fundamental, el Instituto debe seguir actuando con responsabilidad y sensibilidad, buscando siempre el equilibrio entre la regulación necesaria para asegurar la equidad electoral y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de todos los actores políticos y la ciudadanía.
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