La desaparición de algunos Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) es otra de las iniciativas presidenciales que más reacciones enconadas ha generado.
Se propone desaparecer siete OCA. Por orden de peso presupuestal, serían el IFT, el INAI, la Cofece, la CRE, la CNH, el Coneval y la Mejoredu. Permanecen sin tocar otros, como el Banxico, la FGR y la CNDH, además de las universidades públicas autónomas.
En el derecho público mexicano siempre se dispuso de la figura de organismos públicos desconcentrados y descentralizados, que buscaban lo mismo que los organismos autónomos: hacer más eficaz y eficiente el servicio público asignado, pero con un grado de autonomía administrativa y política menor que los OCA actuales.
A partir del año 2000 empiezan a florecer en Europa, Asia y África los OCA como hoy los conocemos; es decir, organismos a los que la constitución política nacional dota de una personalidad autonómica (un grado mayor a la descentralización y desconcentración administrativas), con patrimonio propio, capacidad de autogestionar su presupuesto, sistemas endogámicos de rendición de cuentas y cuyos integrantes duran y ganan más en sus cargos que las y los propios legisladores y autoridades electas por el voto popular directo y secreto.
Este diseño jurídico fue creación de las tecnocracias financieras internacionales, para hacer frente al creciente malestar social que la globalización estaba generando en las economías emergentes, dada la desigualdad, polarización y acelerada concentración de la riqueza en estos países, y que empezaban a capitalizar política y electoralmente los movimientos de izquierda de todo tipo, desde la socialdemocracia hasta el populismo social y nacionalista.
En efecto, después del largo período de las políticas económicas privatizadoras en el Reino Unido y en EUA, en la segunda mitad de los noventa del siglo pasado empezaron a tomar fuerza los movimientos antiglobalizadores, nacionalistas y antisistémicos, que reivindicaban lo público sobre lo privado, el Estado sobre el mercado y lo social sobre lo financiero, de tal forma que, si llegaban al poder, pondrían en riesgo las políticas económicas fundamentales de la época neoliberal.
Con apoyo en la escuela jurídica del neoinstitucionalismo (o estructural-funcionalista), la cual postula que los conflictos sociales y políticos pueden ser controlados, acotados y administrados (no necesariamente resueltos) mediante leyes e instituciones ad hoc, especiales o autónomas, la tecnocracia encontró en los OCA la forma de contener, sujetar y aminorar los efectos “disruptivos” de la llegada de los movimientos de izquierda social (Italia y España), laboral (Brasil y Grecia), nacionalista (Sudáfrica y África del Norte) o popular (América Latina), considerados por los organismos financieros internacionales como “Atila en las puertas de Roma”.
De esta manera, con las llamadas reformas estructurales, llega a México —en el período neoliberal— toda esta telaraña de OCA, que hoy la 4T busca regresar por la puerta de emergencia por donde entraron con el argumento engañoso de los pesos y contrapesos institucionales, porque no es Montesquieu quien los inspira, sino el ilusionista Houdini, con su baúl de cadenas, candados, camisas de fuerza y jaulas bajo el agua.
¿Así o más claro?
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El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.
Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).
En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.
Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).
Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.