El pasado 18 de diciembre, Greg Abbott, gobernador de Texas, promulgó un paquete de leyes aprobado por la 88.º Legislatura de ese estado de la Unión Americana. Allí se encuentran dos reformas con diversas medidas antiinmigrantes: la primera es el proyecto de Ley Senatorial 3 de la Sesión Especial #4 (Huffman/Jetton), el cual asigna 1,540 millones de dólares a las autoridades locales (departamentos de Policía), para incrementar la vigilancia en la frontera con nuestro país (esto es, implementar el proyecto de ley SB4, que en próximas líneas se describirá), además de la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura de barrera fronteriza, es decir, de un muro.
De acuerdo con Adriana Piñon, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas (ACLU of Texas, por sus siglas en inglés), “[…] el estado desperdicia miles de millones de dólares de los contribuyentes en políticas de vigilancia fronteriza fallidas que podríamos gastar en educación, mejor infraestructura y mejor atención médica”.
La segunda es el proyecto de Ley Senatorial 4 de la Sesión Especial #4 (Perry/Spiller o proyecto de ley SB4). De acuerdo con información del sitio electrónico de la Oficina del Gobernador de Texas, ese proyecto de ley:
Crea un delito penal por la entrada ilegal a este estado desde una nación extranjera. Toma medidas enérgicas contra los intentos repetidos de ingresar a Texas al crear el delito de reingreso ilegal y penaliza a los infractores con hasta 20 años de prisión. También proporciona el mecanismo para ordenar a un delincuente que regrese a la nación extranjera desde la cual entró o intentó ingresar a este estado. La ley proporciona inmunidad civil e indemnización a funcionarios, empleados y contratistas de los gobiernos locales y estatales por demandas que resulten de la aplicación de estas disposiciones.
Se tiene previsto que este último proyecto de ley entre en vigor el 5 de marzo de 2024, aunque ello puede cambiar dependiendo del resultado de las acciones legales que presente cualquier parte afectada o interesada.
Por su parte, Karine Jean-Pierre, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, afirmó que el proyecto de ley SB4 no servirá para aumentar la seguridad en las poblaciones texanas cercanas a la frontera con México.
Mientras tanto, y a decir de la ACLU of Texas, que interpuso una demanda ante una corte federal de la ciudad de Austin, impugnando el proyecto de ley SB4, este permitiría a las autoridades locales y estatales arrestar y detener a personas de las que se sospeche que ingresaron a Texas desde otro país, sin autorización federal. Asimismo, habilita a los jueces de Texas —que no están capacitados en leyes de inmigración ni tienen la autoridad adecuada para hacerlas cumplir— a ordenar la deportación de una persona sin el debido proceso y antes de que tenga la ocasión de buscar protección humanitaria.
Recuérdese que —como ya lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador— todo lo relacionado con la política exterior estadounidense corresponde al Congreso y al mandatario de ese país. En tal sentido, el control de la inmigración es una competencia federal; de ahí que el Gobierno de México también tomara la decisión de impugnar el proyecto de ley SB4.
El jefe del Estado mexicano calificó a este proyecto de ley como inhumano, y señaló que tiene tintes políticos, porque se inscribe en el marco del proceso electoral de 2024, que también se llevará a cabo en aquel país y para el cual el gobernador Abbott buscará asentarse en la candidatura a la Vicepresidencia, por parte del Partido Republicano.
Además, el proyecto conlleva una serie de afectaciones graves a los derechos humanos, como la separación de familias, la discriminación y el perfilamiento racial.
La criminalización de la migración es un fenómeno que no se debe banalizar, y medidas antiinmigrantes como las promulgadas en Texas tienen que ser combatidas por todos los medios legales disponibles, pues, generalmente, las personas migran por necesidad y no por complacencia; no lo olvidemos.
X y Facebook: @RicardoMonrealA
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El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.
Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).
En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.
Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).
Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.
