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El problema de las drogas, como los del cambio climático, los flujos transfronterizos de agua o las emergencias sanitarias requieren una atención integral. Cualquier solución que emprenda un solo país resulta parcial. El tema del narcotráfico ha estado en la agenda entre México y Estados Unidos por muchos años, con sus momentos de colaboración y acuerdos, por una parte, y episodios de crisis que ponen a prueba una de las relaciones más complejas e intensas del mundo.

En 1968, el candidato presidencial estadounidense Richard M. Nixon se comprometió a que si resultaba electo atacaría las drogas desde su origen y buscaría detener el tráfico de narcóticos. Con esto en mente, en septiembre de 1969 se anunció la “operación intercepción”, que significaba vigilar la frontera desde el aire y el mar, pero, sobre todo, verificar cada vehículo que cruzara de México a la Unión Americana. Previsiblemente, no duró mucho el esfuerzo. Desde entonces, se buscó atacar el consumo de drogas en Estados Unidos y evitar que la oferta crezca, con periodos claroscuros para la relación bilateral.[1]

Por muchos años las drogas han sido un problema de salud pública para Estados Unidos. Las muertes por sobredosis aumentaron de 20,000 en el año 2000 a más de 106,000 en el 2021. De este total, el fentanilo causó la mayor parte de las pérdidas humanas. El uso de este opioide sintético creció de manera exponencial después del 2013, y en 2016 se registraron más de 20,000 fallecimientos.[2]

Voces expertas atribuyen la propagación del fentanilo a la escasez y carestía de heroína y pastillas recetadas.[3] Los efectos de este opioide sintético son mucho más fuertes, y la ingestión de unos cuantos gramos puede causar la muerte. Especialistas en el tema señalan que la crisis se intensificó después de varias oleadas de acontecimientos. Primero, era fácil obtener recetas –en ocasiones, innecesarias– para abastecerse de opioides, con el impulso de empresas farmacéuticas como Purdue Pharma. Después, empezó a ser más difícil conseguir las prescripciones, así que las personas recurrieron a la heroína, por ser más accesible. Posteriormente, apareció el fentanilo, más fácil de traficar.[4] Las farmacéuticas y las grandes cadenas de farmacias, responsables en parte de la crisis de salud pública, han pagado ya indemnizaciones multimillonarias por concepto de las muertes por sobredosis.[5]

Ahora, por el lado de la oferta, para los carteles de droga, la producción de fentanilo es un negocio atractivo, menos riesgoso que el cultivo de amapola y más rentable que la heroína.

También es relativamente fácil obtener los precursores químicos.[6] En Estados Unidos, según datos de la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas, el decomiso de fentanilo aumentó y tuvo un pico en diciembre de 2022, cuando se interceptaron unos 3,000 kilos. En México, según datos de la Defensa Nacional, en esta administración se han decomisado más de 6,000 kilos de fentanilo, mientras que en el sexenio pasado fueron sólo 532 kilos, es decir, un incremento del 1073 por ciento.[7] Según informes de Estados Unidos, nuestro país es una fuente significativa de fentanilo y otros opios sintéticos.

Además de la crisis de opioides, que provoca muertes por sobredosis, el narcotráfico ha generado una situación de inseguridad severa en muchas partes del territorio nacional. Al respecto, el Gobierno mexicano diseñó políticas para atender las causas de raíz, y señala que ya se empiezan a ver resultados positivos. Como parte de esta situación de violencia, hace unos días ocurrió el caso Matamoros, actualmente en investigación, en el que cuatro estadounidenses fueron secuestrados por el crimen organizado.

En este contexto algunos republicanos estadounidenses han emitido declaraciones, postulados o iniciativas que buscan designar a los carteles mexicanos como Organismos Extranjeros Terroristas (FTO, por sus siglas en inglés), e incluso fueron más allá y propusieron el uso de las Fuerzas Armadas para combatir a estos grupos delincuenciales.

 

Designación de grupos terroristas

Desde la administración del presidente Barack Obama se empezó a discutir la posibilidad de designar a los carteles mexicanos como FTO. Cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, ya se refería al “narcoterrorismo” y a la “narcoinsurgencia” para caracterizar al crimen organizado mexicano. Después, el subsecretario de Defensa, Joseph Westphal, indicaba el riesgo de que los carteles “tomaran el poder” en México, y los consideraba como una insurgencia.[8]

Años más tarde, en noviembre de 2019, el entonces presidente de  la Unión Americana, Donald Trump, anunció que, a pesar de ser una decisión polémica, declararía a los carteles como organizaciones terroristas. El asunto se puso sobre la mesa después de que un portavoz de la familia LeBarón, con nacionalidad estadounidense y mexicana, se lo pidió al mandatario.[9] Esta familia enfrentó el asesinato de nueve personas en Bavispe, Sonora. Además, según señala el ex secretario de Defensa Mark Esper, el mandatario quería enviar misiles contra territorio mexicano, para combatir a este tipo de delincuentes.

En su momento, el presidente de México rechazó la iniciativa de su homólogo Trump y buscó negociar.[10] Asimismo, integrantes del gabinete estadounidense y él alertaron que esta denominación pondría en peligro la cooperación para detener la inmigración ilegal y el tráfico de drogas en la frontera. Además, se advirtió que migrantes podrían pedir asilo en Estados Unidos, con el argumento de huir del terrorismo.[11] El 9 de diciembre de 2019, el mandatario estadounidense anunció que, a petición de su par mexicano, postergó la decisión.

Meses después, con la administración presidencial de Joe Biden, se empezó a formular un nuevo enfoque de corresponsabilidad para el combate a las drogas, que también incluía disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México, y más tarde se concretó en el Entendimiento Bicentenario.[12] 

La designación de un FTO requiere que el grupo tenga su base en el exterior, realice actividades terroristas y que esto represente una amenaza para los intereses de seguridad nacional. En los círculos estadounidenses se ha discutido qué herramientas adicionales traería denominar a los carteles mexicanos como terroristas. Actualmente, hay una clasificación de traficantes de narcóticos extranjeros (kingpins), según la Ley de Designación de Líderes Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). Esta norma, aprobada por el Congreso en 1999, le da autoridad al Gobierno de EUA para imponer sanciones a los jefes de los carteles importantes, así como a sus organizaciones que tienen operaciones en diferentes partes del mundo.

La Ley Kingpin especifica el bloqueo de los activos de los jefes de carteles que están en jurisdicciones de Estados Unidos, incluidos los bienes de cualquier persona extranjera o entidad que apoye sus actividades delictivas. En el caso de los FTO, el secretario del Tesoro solicita a las instituciones financieras congelar los activos de los integrantes de estos grupos.

Respecto al ingreso a Estados Unidos, los integrantes de los FTO, quienes los apoyan, capacitan y sus familias tienen prohibido entrar al país. En el caso de los jefes de carteles, ellos y sus parientes no pueden entrar. En el caso de las sanciones, el tiempo en prisión puede ser mayor para los FTO.[13] Ya lo mencionó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, realmente no hay mucha diferencia en lo que ya puede hacer la administración en contra de los carteles.

Por otra parte, ya se ha utilizado la Ley Antiterrorismo estadounidense contra los narcotraficantes mexicanos. En julio del año pasado, Clare Hochhalter, juez federal de Dakota del Norte, ordenó que el Cartel de Juárez pagara 1,500 millones de dólares a la familia LeBarón, que reclamaba daños en su contra, derivados de “un ataque terrorista.[14]

Una posible clasificación de los carteles como FTO los pondría en la mira de las agencias de persecución del delito, además de la comunidad de inteligencia. Especialistas en la materia consideran que estos poderes adicionales probablemente se utilizarían más dentro de Estados Unidos que en el extranjero.[15]

Estas voces plantean que tal denominación podría servir para destruir las redes de distribución de fentanilo en Estados Unidos, al congelarles sus bienes a ciudadanos que colaboren con los carteles en el lado norte de la frontera.[16]

Sin embargo, esta designación tendría consecuencias graves en la relación bilateral. Analistas señalan que ocasionaría costos para el turismo, primas de seguro más altas para empresas estadounidenses que operan en México y búsqueda de asilo por amenazas terroristas, como ya se comentó.[17] Habría también restricciones para algunas formas de financiamiento y programas de cooperación. Un daño mayor sería el de la reputación, que alimentaría la narrativa radical de algunos republicanos en contra del estado de inseguridad de este lado de la frontera.

 

Primeras iniciativas

Las iniciativas para denominar a los carteles mexicanos como terroristas vienen de varios años atrás. En 2011, un legislador republicano de Texas, Michael McCaul, introdujo la legislación HR 1270, que buscaba designar a siete de los principales carteles mexicanos como “organizaciones extranjeras terroristas”, una medida que, según él, daría a las fuerzas del orden público de Estados Unidos mejores herramientas para combatirlos.[18]

En 2019, el representante Chip Roy solicitó al secretario de Estado Mike Pompeo que evaluara la posibilidad de designar a ciertos carteles mexicanos de la droga como FTO. En un comunicado señaló que estos grupos “tienen el control operativo de nuestra frontera, lo que pone en peligro a Estados Unidos, México y a los migrantes que buscan venir aquí”. Presentó la ley HR1700, que se sometió al Comité Judicial para revisión, pero no prosperó.

 

Propuestas de coyuntura

En enero pasado, el contenido fue más allá de la designación de los carteles como grupos terroristas, con una postura intervencionista y en contra del derecho internacional y de todos los marcos de cooperación bilateral establecidos entre México y Estados Unidos. El representante republicano Dan Crenshaw introdujo una iniciativa para designar a los narcotraficantes como organizaciones terroristas y, además, autorizar el uso de las Fuerzas Armadas para su combate. La ley HJ Res.18 se turnó al Comité de Relaciones Exteriores para su análisis y tiene 17 copatrocinadores. Anteriormente, en noviembre del año pasado, Crenshaw introdujo la ley HR 9312 en la que “declara la guerra a los carteles” y busca fortalecer su combate. Esta iniciativa se remitió a los comités Judicial, de Relaciones Exteriores, Servicios Financieros, Medios y Arbitrios y Seguridad Nacional. Contó con 10 copatrocinadores.

El 8 de marzo pasado, el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, anunció que presentará una nueva iniciativa en el mismo sentido que la de Crenshaw. También ese día, en el Senado, los republicanos Roger Marshall, por Kansas, y Rick Scott, de Florida, introdujeron la Ley de Designación de Terroristas del Cartel de la Droga (S698) con los mismos objetivos. Esta propuesta se pasó para su análisis al Comité de Relaciones Exteriores. No hay más copatrocinadores por el momento. El 10 de marzo, el representante Chip Roy, de Texas, reintrodujo la legislación que presentó en 2019, ahora HR1564, para designar a los carteles mexicanos de la droga como FTO. Se turnó al Comité del Poder Judicial. Tiene 20 copatrocinadores.

Hay varios hechos que alimentaron el tema. El más visible e importante fue el secuestro de los ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, hace unos días. Previamente, el 1 de marzo, en una audiencia para supervisar al Departamento de Justicia, el procurador general Merrick Garland se refirió a la cooperación entre ambas naciones para combatir el tráfico de fentanilo. Resaltó el interés de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en desmantelar a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Asimismo, durante la sesión respondió cuestionamientos de algunos integrantes del Comité del Poder Judicial. Entre otros, el senador Lindsey Graham le preguntó sobre la conveniencia de designar a los carteles de la droga de México como FTO. El procurador respondió que no se opondría, pero subrayó que había consideraciones diplomáticas que tomar en cuenta. También señaló que la epidemia de consumo de fentanilo es generada por actos intencionales de los carteles de la droga.

Adicionalmente, el dos veces fiscal general de Estados Unidos, William Barr, escribió un artículo de opinión en The Wall Street Journal, en el que señala que su país ya no puede tolerar a los “carteles narcoterroristas” que operan desde México. En este sentido, vio con simpatía la resolución presentada por Crenshaw y Waltz de enero pasado. En esta pieza critica al Gobierno del presidente mexicano y con eso justifica su postura de enfrentar a los carteles como amenazas a la seguridad nacional, no como un asunto de aplicación de la ley. Otras voces que simpatizan con estas ideas son las del gobernador de Texas, Greg Abbott –quien firmó un decreto que declara a los carteles mexicanos terroristas extranjeros–, el exdirectivo de la DEA, Derek Maltz, 21 fiscales republicanos, y el Conservative Partnership Institute, entre otros grupos de derecha.

Analistas moderados, incluidas las voces de la Casa Blanca, coinciden en que la designación de los carteles como organizaciones terroristas no generaría mayores beneficios para perseguir el fentanilo y sí ocasionaría daños severos en la relación bilateral. Algunos dicen que las propuestas recuerdan el Plan Colombia (1999), que promovía acciones militares estadounidenses para combatir el narcotráfico bajo la administración de Bill Clinton, sin resultados. “No solo no detuvo la producción de cocaína, sino que provocó una ola de terror en el país cuando la producción de drogas se convirtió en una guerra de alto riesgo”.[19]

 

Estrategia integral de colaboración

El camino para construir acuerdos por décadas ha llevado a que los líderes de América del Norte vislumbren esquemas completos y corresponsables para atender los problemas comunes. Es el caso del Entendimiento Bicentenario, que busca proteger a las personas, prevenir los delitos transfronterizos y perseguir a las redes criminales. Hace unos días, después del caso Matamoros, México y Estados Unidos se comprometieron a iniciar una nueva fase de cooperación para combatir la producción ilícita de fentanilo, el tráfico de armas y municiones de alto calibre hacia México y el crimen organizado transnacional.

Ambos Gobiernos acordaron implementar un programa para mejorar la coordinación interinstitucional y el intercambio de inteligencia criminal. También pondrán en marcha una nueva campaña binacional de salud pública para prevenir y reducir los riesgos del consumo de fentanilo y otras drogas.

El enfoque de las administraciones de México y Estados Unidos es adecuado. El narcotráfico es un problema sobre el que inciden muchas aristas. Sólo una estrategia integral que incluya oferta y demanda puede progresar en beneficio de las personas, su salud y seguridad. Las propuestas legislativas de algunos republicanos estadounidenses son radicales y se enmarcan en los tiempos electorales que nunca terminan en Washington.

Como lo he apuntado en otro momento, son inaceptables, injerencistas, en contra del derecho internacional y carecen de toda lógica soberana. Desde el Senado estaremos atentos a dar seguimiento a la estrategia bilateral que se ha definido en este ámbito.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA

 

Fuentes:

[1]Richard Craig, “Operación Intercepción: una política de presión internacional”. Foro Internacional, Vol. XXII, 2 (86) (octubre-diciembre, 1981) [En línea]: https://bit.ly/3Lcngcp   [Consulta: 11 de marzo, 2023]

[2]National Institutes of Health. “Índices de muertes por sobredosis”. National Institute for Drug Abuse (20 de enero, 2021) Tendencias y estadísticas [En línea]:  https://bit.ly/3LglMh6  [Consulta: 11 de marzo, 2023]

[3]Laura Kurtzman, “Drug Wholesalers Drove Fentanyl’s Deadly Rise, Report Concludes”. University of California San Francisco (4 de septiembre, 2018) sec. News https://bit.ly/2C4sKBR [Consulta: 10 de marzo, 2023]

[4]Maia Szalavitz, “We’re Overlooking a Major Culprit in the Opioid Crisis”. Scientific American (28 de mayo, 2021) sec. Policy https://bit.ly/3JbuVF3  [Consulta: 10 de marzo, 2023]

[5] Miguel Jiménez, “CVS, Walgreens y Walmart acuerdan pagar 13,800 millones por la crisis de los opioides”, El País (2 de noviembre, 2022) sec. Sociedad  https://bit.ly/423k2xV [Consulta: 11 de marzo, 2023]

[6] Kate Linthicum, “Fentanilo: La droga perfecta para los traficantes mexicanos y el nuevo gran asesino de EE. UU.”. Los Angeles Times (2 de septiembre, 2019) sec. México https://lat.ms/3Tc17wY [Consulta: 9 de marzo, 2023]

[7]Emir Olivares y Néstor Jiménez, “Aumentó 1,079% el decomiso de fentanilo: Sedena”. La Jornada (18 de enero, 2023) sec. Notas [En línea]: https://bit.ly/3ZY5ldr [Consulta: 11 de marzo, 2023]

[8] Mauricio Meschoulam, “La idea de designar a carteles como terroristas por EU”. El Universal (11 de marzo, 2023) sec. Opinión [En línea]: https://bit.ly/3YHMxhM [Consulta: 11 de marzo, 2023]

[9]Amanda Mars y Pablo Ferri, “Trump anuncia que incluirá a “los carteles” mexicanos en la lista terrorista de EE. UU.”. El País (27 de noviembre, 2019) sec. Internacional [En línea]: https://bit.ly/3mPMTW4  [Consulta: 11 de marzo, 2023]

[10] DW, “Trump dice que designará a carteles mexicanos como organizaciones terroristas”. DW (27 de noviembre, 2022) sec. El Mundo [En línea]: https://bit.ly/3YEFGpo [Consulta: 11 de marzo, 2023]

[11] Jonathan Landay, Ted Hesson y Arshad Mohammed, “Trump avanzó en política contra carteles mexicanos pese a oposición de su gabinete”. Reuters (26 de diciembre, 2019) sec. Noticias nacionales [En línea]:  https://reut.rs/3JyvtXd  [Consulta: 11 de marzo, 2023]

[12]Forbes staff, “Gobierno de México agradece a Trump no designar a carteles como terroristas”. Forbes (6 de diciembre, 2019) sec. Actualidad [En línea]: https://bit.ly/3l7iodX [Consulta: 11 de marzo, 2023]

[13] Congressional Research Service, “Designating Mexican Drug Cartels as Foreign Terrorists: Policy Implications”. Congressional Research Service (6 de diciembre, 2019) Insight [En línea]:  https://bit.ly/3mMxDJN  [Consulta: 9 de marzo, 2023]

[14]Elías Camhaji, “Más de 4.600 millones de dólares: la indemnización multimillonaria que el cartel de Juárez debe pagar en EE UU al clan LeBarón”. El País (23 de julio, 2022) ed. México, sec. México [En línea]: https://bit.ly/3J6Ghud  [Consulta: 10 de marzo, 2023]

[15] John Feeley y Joaquín Villalobos, “Time to Unleash an Extraordinary Weapon Against Fentanyl”. Politico (2 de marzo, 2023) sec. noticias [En línea]: https://politi.co/3ZVZHZu  [Consulta: 10 de marzo, 2023]

[16] Eduardo García y Patricia Guerrero, “López Obrador contra fuerzas militares de EUA aquí, diferencias escalan”.

Axis negocios (9 de marzo, 2023) sec. Principal [En línea]:  https://bit.ly/3T7AgSo [Consulta: 10 de marzo, 2023]

[17] Jason Blazakis, “Declaring Mexican Drug Cartels Terrorists is a Bad Idea”. Defense One (1 de diciembre, 2019) sec. Ideas Principal [En línea]:  https://bit.ly/3JehUuu  [Consulta: 10 de marzo, 2023]

[18]Julián Aguilar, “Updated: Do Mexican Cartels Qualify as Terrorist Organizations?”. Texas Tribune (22 de abril, 2011) [En línea]:  https://bit.ly/3TaMjP0 [Consulta: 10 de marzo, 2023]

 

[19] Zeeshan Aleem, “Trump claims to be the ‘peace president’ — as his MAGA fans pitch a war with Mexico”. MSNBC (9 de marzo, 2023) sec. Opinión [En línea]:  https://on.msnbc.com/3JxLQTK  [Consulta: 10 de marzo, 2023]