La relación Ejecutivo-Judicial

Ser juez y parte vuelve nugatorio cualquier acto de justicia. Esto, que ya es verdad para el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no debería serlo también para el Poder Judicial?

De todo el sistema de relojería constitucional de pesos y contrapesos entre Poderes, donde, además del tripié conformado por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se han ido sumando otras piezas en la balanza, como los órganos constitucionales autónomos (OCA), los factores reales de poder (gobernadores, empresariado, sindicatos, medios de comunicación) y los grupos de interés (Iglesias, asociaciones de profesionistas, etc.), el equilibrio más cuidadoso y delicado es el de la relación entre el Ejecutivo y el Judicial.

En nuestro país, esta relación transitó desde los desencuentros del siglo XIX, cuando se llegó a hablar de una “dictadura judicial”, hasta el sometimiento al Ejecutivo en la época del porfiriato y del llamado “priato”.

Estoy convencido de que ninguno de esos dos extremos conviene al país, a la democracia y a la protección de los derechos humanos de la población, por lo que el reto es guardar el equilibrio, la armonía y la coordinación entre ambos Poderes, para que el reloj de la vida democrática no se detenga o descomponga.

¿Cómo se alcanza esto? Por una parte, el Poder Judicial dispone de los recursos de control de la Constitución, donde el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad son armas poderosas de contrapeso.

Sin embargo, hay un tema insuficientemente resuelto en México, que es el de los mecanismos de control y responsabilidad del Poder Judicial. ¿Quién enjuicia a un juez? ¿Quién y cómo se castiga a las y los jueces, magistrados y ministros que incumplen con sus obligaciones?

Las legisladoras y los legisladores estamos sometidos a una serie de controles, fiscalizaciones y observaciones por parte de los otros Poderes: el más grande es la pérdida del fuero, mediante un juicio legislativo, y la llamada “prueba de las urnas”, a través de la cual la ciudadanía puede revocar, de una elección a otra, el mandato concedido.

El Ejecutivo federal, a su vez, tiene controles y mecanismos de rendición de cuentas, tanto endógenos como exógenos, los cuales, con las reformas promovidas en los últimos cuatro años en materia de destitución por causas de corrupción  y la posibilidad de revocarle el mandato, lo han convertido en el Poder más vigilado, fiscalizado y sometido al escrutinio público en la historia reciente. No afirmo que sea el más débil o vulnerable de los tres Poderes básicos, pero sí el más fácilmente enjuiciable, en función de los recursos que están a disposición de los otros Poderes y de la ciudadanía misma.

No puede decirse lo mismo del Poder Judicial, cuyos mecanismos de control y rendición de cuentas son exclusivamente endógenos (internos), ya que las instancias de enjuiciamiento son el Consejo de la Judicatura y la misma Suprema Corte de Justicia, sin participación de ninguna otra instancia. Las garantías de inamovilidad laboral, remuneración suficiente, poder disciplinario y carrera judicial otorgan a un juez o jueza seguridad, independencia y autonomía en su encargo, pero también lo vuelven altamente impermeable a la rendición —social y ciudadana— de cuentas.

Ser juez y parte vuelve nugatorio cualquier acto de justicia. Esto, que ya es verdad para el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no debería serlo también para el Poder Judicial? Por cierto, no es problema privativo de México.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA

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Ricardo Monreal

El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.

Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).

En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.

Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el  Partido del Trabajo (PT).

Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.