El bicameralismo, como parte de la forma de organización de nuestro Estado constitucional surgida en 1917, ha representado un modo efectivo para generar contrapesos y ampliar el debate de las reformas que necesita el sistema jurídico mexicano, cuando menos en teoría, ya que por mucho tiempo las mayorías que controlaban las discusiones se sometieron a la voluntad presidencial y del partido hegemónico. En la actualidad, luego del inicio de la Cuarta Transformación en 2018, se ha logrado una independencia inédita en el Congreso de la Unión, que ha permitido que la voz de la ciudadanía se escuche en los temas de mayor trascendencia nacional, mediante auténticos ejercicios de Parlamento abierto.
Tal es el caso del debate sobre el decreto por el que se expediría la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se modificarían diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Esta discusión es parte de la agenda legislativa pendiente de emisión por mandato judicial, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación generó jurisprudencia e incluso la declaratoria general de inconstitucionalidad de diversos artículos del referido ordenamiento en materia de salud, al considerarlos violatorios del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Resulta de la mayor importancia recalcar que este mandato judicial se habría podido cumplir con la simple derogación de los artículos inconstitucionales; sin embargo, considerando la importancia que tiene el fenómeno de producción y consumo de cannabis en México, el Legislativo federal consideró pertinente la elaboración de una ley capaz de establecer los mecanismos, modalidades, restricciones y competencias necesarios para dar certidumbre a todos los sectores involucrados y proteger a terceros que pudieran verse afectados con el ejercicio de este derecho por parte de las personas adultas que deciden realizar un consumo lúdico de la planta.
Con este propósito, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República se realizaron amplias mesas de trabajo en Parlamento abierto, con la participación de personas expertas, colectivos de consumidores y demás integrantes de la sociedad civil, que dieron como resultado un proyecto de ley serio, en el cual se establecen atribuciones y facultades, modalidades de permisos y licencias; se regulan los usos industriales del cáñamo, la investigación y el desarrollo tecnológicos, e incluso el empaquetado y etiquetado de los productos comercializables de cannabis para uso lúdico. No obstante, existen algunos puntos de desacuerdo que han impedido su aprobación en ambas cámaras.
¿Por qué se ha retrasado la aprobación de esta ley? De acuerdo con el apartado D del artículo 72 constitucional, cuando un proyecto de ley o decreto es desechado por la Cámara de revisión, vuelve a la de origen con observaciones y, si es aprobado nuevamente por ésta, vuelve a la que lo desechó, la cual, si vuelve a hacerlo, impide que el documento se pueda volver a presentar en el mismo periodo de sesiones. Dada la diferencia de opiniones entre las colegisladoras sobre algunos aspectos más bien instrumentales y no de fondo, el dictamen en comento se encontró en esta situación.
Con el inicio de la LXV Legislatura se abrió una nueva posibilidad de discutir y aprobar esta ley largamente postergada, que pondría fin a 100 años de política prohibicionista y de criminalización al consumo de la flor del cannabis, abriendo, a su vez, un mercado multimillonario a nivel nacional e internacional, que podría ser beneficioso para la reactivación económica de nuestro país; además, daría fundamento legal para la liberación y resolución de la situación jurídica de las personas imputadas por la tenencia de porciones ínfimas de cannabis, quienes, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia 2019, tan sólo por la portación de entre 5 y 30 gramos, ascienden a 7,780.
De aprobarse esta ley en el presente periodo ordinario de sesiones, también deberían realizarse algunas modificaciones al marco legal recaudatorio, para prever un impuesto especial al cannabis y sus derivados, como es el caso de otros productos con impacto en la salud pública: licores, cerveza, gasolinas y tabaco. Una proyección realizada por el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados calcula que la recaudación podría llegar a los 18,705 millones de pesos, de los cuales 15,543 millones dependerían del IEPS; 1534 millones, del IVA, y 1628, del ISR.
En este punto del proceso legislativo, en ambas cámaras se deberá privilegiar el diálogo para lograr un proyecto que se pueda votar en sentido positivo, garantizando derechos y libertades de todas las personas involucradas mediante instituciones facultadas para ello, erradicando los tratos discriminatorios y solventando las posibles ambigüedades. Es decir, el debate sigue vivo, y en la mayoría parlamentaria del Senado de la República seguiremos trabajando para ofrecer a la ciudadanía una ley a la altura de sus necesidades.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
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El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.
Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).
En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.
Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).
Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.
