Someter a consulta la vigencia de un gobierno —en este caso, la presidencia de la República— es un avance histórico sin precedente.
El futuro de la democracia es la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones.
Cada vez más, en los regímenes democráticos crece la demanda ciudadana de no sólo elegir a sus gobernantes, sino de participar de manera directa en la toma de decisiones de sus autoridades.
Para ello se han diseñado diversos recursos que permiten a las y los ciudadanos tener bajo su control directo la aplicación de una ley, la instrumentación de una decisión del Ejecutivo e incluso la vigencia de una resolución judicial.
Estos recursos en manos de la ciudadanía son un mecanismo de control, de pesos y contrapesos de la democracia representativa indirecta, la cual parte del supuesto de que el electorado, mediante su voto, puede delegar su voluntad a una tercera persona, para que a nombre suyo tome decisiones en los poderes Legislativo, Ejecutivo o jurisdiccional.
Esta concepción de que el voto es un cheque en blanco para que gobernantes, legisladoras, legisladores y personas juzgadoras tomen decisiones a nombre de la ciudadanía es precisamente el error de diseño que la democracia participativa directa busca corregir. Sobre todo, cuando la democracia en muchas partes del mundo tiende a devenir en una oligarquía o a ser secuestrada ya no por una persona (como era en los regímenes autoritarios o tiranías puras), sino por grupos sociales y políticos que utilizan el poder para servir a sus intereses particulares.
Hablamos de prevenir en México las desviaciones y los excesos más conocidos de la democracia representativa indirecta, como la partidocracia, el corporativismo, el clientelismo electoral, la burocratización política y toda clase de intermediación entre la ciudadanía y la autoridad.
La democracia participativa directa pone freno y corrige algunas de las insuficiencias o desviaciones de la democracia representativa indirecta.
Por ejemplo, el plebiscito es el contrapeso a una ley que pudiese ser lesiva para la mayoría de las personas gobernadas; el referéndum es un freno a una decisión impopular del Poder Judicial; la iniciativa popular es el antídoto de decisiones unilaterales del Ejecutivo; la consulta ciudadana es el regulador de todos los órdenes de gobierno, mientras que la revocación de mandato es la salida civilizada y democrática para un mal gobierno. Es la forma pacífica y legítima para terminar de manera anticipada un contrato de prestación de un servicio público (eso es el gobierno) que no satisfizo a quien lo contrató, es decir, al pueblo.
Someter a consulta la vigencia de un gobierno —en este caso, la presidencia de la República— es un avance histórico sin precedente. Si la demanda nace de la ciudadanía gobernada, se llama revocación de mandato. Si el planteamiento proviene del Ejecutivo, sería ratificación de mandato.
Para que el resultado sea vinculante, deberá participar en la consulta al menos el 40 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en el listado nominal electoral, y la revocación de mandato sólo procederá si se alcanza la mayoría absoluta (es decir, la mitad más uno del total de votantes).
Quienes deseen que el presidente AMLO concluya su mandato antes del 2024 tendrán la oportunidad histórica en marzo del 2021 para hacer realidad su deseo. Pero también quienes luchamos y creemos que la transformación va por buen camino tendremos la posibilidad de ratificar esa voluntad y demostrar que somos mayoría.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
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El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.
Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).
En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.
Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).
Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.
