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Las recientes irregularidades en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dan cuenta de una crisis institucional que hace indispensable una decisión jurídica fundada en el respeto al orden constitucional, a fin de evitar que el desempeño de las funciones de ese órgano especializado se supediten a una decisión política que ponga en entredicho la legitimidad, imparcialidad y objetividad de la Sala Superior, así como de quien representa a la más alta instancia en materia electoral, por lo que todo acto infundado y toda controversia deben ser resueltos conforme a derecho.

Se han escuchado diversos pronunciamientos de personajes de los ámbitos académico y político, así como de los propios magistrados. Llaman la atención los que contienen expresiones como: “Quien designa puede destituir”, “las cuestiones internas del Tribunal Electoral sólo corresponden a él” o “la Sala Superior tiene atribuciones para conocer del desempeño de sus integrantes”. No obstante, más allá de los dichos, quienes forman parte del Poder Judicial tienen la obligación de velar por la estabilidad política del país, lo que implica el respeto irrestricto al principio de legalidad.

Es de considerar que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación únicamente contempla la renuncia y la ausencia prolongada por un mes de quien ocupe la presidencia del Tribunal como casos hipotéticos en los que la Sala Superior puede designar una presidenta o presidente interino o sustituto.

Por tanto, ante la situación actual, ya existe una controversia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá dirimir con apego al Estado de derecho, independientemente de los procesos judiciales que se desarrollen de manera paralela, a fin de evitar violaciones a los derechos e incumplimiento de obligaciones en una institución tan importante para nuestra vida democrática.

Además, la renuncia de la persona titular de la presidencia del mencionado tribunal sería legítima si se presentara de manera voluntaria, libre de presiones o coacción, pero dadas las circunstancias actuales no parece la alternativa más viable, pues no se ha manifestado tal intención por parte de quien jurídicamente sigue presidiendo el TEPJF, salvo que una reconsideración a este respecto cambiara las perspectivas de cómo resolver el conflicto al interior del Poder Judicial.

La importancia de dar solución a esta pugna es grande, ante el proceso de desarrollo democrático que se ha acelerado en México desde el 2018, cuando comenzó por mandato popular una transformación profunda de nuestras instituciones, a fin de garantizar una gobernanza fundada en el respeto de la voluntad popular que deje en el pasado los actos autoritarios y las conductas antidemocráticas que deterioraron la confianza ciudadana en la función pública. La credibilidad del Tribunal y de sus decisiones se debe fundar en el apego irrestricto a las normas que regulan su actividad. El buen juez por su casa empieza.

De prosperar la iniciativa que presenté ante la Comisión Permanente para discutir y, en su caso, aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato que instrumente las modificaciones constitucionales en la materia publicadas en 2019, en marzo del próximo año, México podría estar celebrando su primer ejercicio de democracia participativa para definir si el titular de la Presidencia de la República continúa su mandato o lo concluye en forma anticipada. Entonces, resulta imprescindible que exista certeza sobre la estabilidad y el funcionamiento adecuado del TEPJF, ya que de él depende la tarea de realizar el cómputo final del proceso.

En el Senado de la República existe gran interés en que la crisis al interior de la Sala Superior se resuelva de manera oportuna y legal, por lo que hay una total disposición a fungir como amigable componedor para establecer un diálogo que permita llegar a acuerdos que beneficien un ambiente de concordia entre las y los magistrados, así como para perfilar las modificaciones que requieren los ordenamientos que rigen al Poder Judicial.

Lo anterior, en el mejor interés de evitar que en el futuro se repliquen crisis institucionales como la que actualmente atraviesa el TEPJF, lo cual además resulta concurrente con la agenda legislativa prevista para la próxima legislatura, que comienza en septiembre.

Esta coyuntura nos permite vislumbrar la necesidad de una reforma y una transformación profunda de las instituciones electorales y del Poder Judicial —demanda ciudadana de larga data—; no obstante, se han enfrentado resistencias. Por ejemplo, tan sólo ante los nuevos límites a los privilegios (establecidos como una forma de reconstruir el tejido social y sanear el vínculo entre representantes y representados) se han interpuesto un sinfín de amparos para evitar que se cumplan los preceptos de ley que prohíben sueldos excesivos.

Por ello, resulta evidente que los cambios al interior de estas instituciones deberán ir acompañados por quienes las integran, pues únicamente con voluntad de transformación será posible evitar escenarios de confronta, para dar paso a la colaboración, en beneficio de nuestra democracia y del pueblo de México.

Coordinador de Morena en el Senado.
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