Una deuda saldada

Las reformas en materia de subcontratación aprobadas en el Congreso de la Unión son una muestra de cómo la Cuarta Transformación madura y continúa haciendo historia por la vía institucional, de manera pacífica y consensuada.

El gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha retomado la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, y ha logrado, mediante la cooperación interinstitucional y el respaldo de los sectores obrero y empresarial, hacer cambios que benefician directamente a la clase trabajadora de México, como: 1) el aumento del salario mínimo general, de 88.36 pesos diarios, en 2018, a 141.7, para este 2021; 2) el reconocimiento del derecho a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar, y 3) las reformas al sistema de justicia laboral, para mediar las relaciones obrero-patronales.

Que la reforma en materia de subcontratación se haya aprobado sin votos en contra en el Senado de la República implica que todas las fuerzas políticas reconocen la importancia de restituir derechos de la clase trabajadora, como los de antigüedad, estabilidad en el empleo y pago por reparto de utilidades, que fueron vulnerados por la reforma laboral de 2012.

Aquella reforma fue una de las llamadas estructurales, y a partir de ella proliferaron prácticas de simulación que han afectado también la hacienda pública por miles de millones de pesos al año, lo que a su vez genera desequilibrios en la competitividad económica.

La reforma recién aprobada es profunda y fue elaborada y discutida con mucha responsabilidad, ya que contempla cambios a ocho ordenamientos, como la Ley Federal del Trabajo (LFT), la del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; la Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y las del IVA y el ISR.

En la LFT quedó textualmente prohibida la subcontratación de personal, es decir, que una persona ponga a disposición trabajadoras y trabajadores propios en beneficio de otra, aunque se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas bajo ciertas condiciones, como la inscripción en el registro público de la contratista y la formalización de un contrato escrito que estipule los servicios u obras por ejecutar, así como el número aproximado de quienes participarán.

Asimismo, para salvaguardar derechos laborales y garantizar el cumplimiento de obligaciones patronales, quedó establecida la responsabilidad solidaria de la persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadoras y trabajadores, por lo que el contratista deberá hacer entrega al contratante de copia de los comprobantes fiscales de pago de salarios relativos al servicio o la obra; del pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del pago de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Estas medidas, que son parte fundamental del proyecto de transformación y solventan la omisión legislativa y una deuda moral con la clase trabajadora, se reforzarán con multas para quienes continúen la práctica de subcontratación de personal u ofrezcan servicios de subcontratación de servicios especializados sin contar con el registro requerido, por montos de entre 2 mil y 50 mil UMAS, equivalente a, aproximadamente, entre 180 mil y 4 millones y medio de pesos.

Esta aprobación histórica es un indicio más de que lo viejo, representado por la corrupción, la simulación y la precarización del trabajo, debe terminar de morir, para que lo nuevo termine de nacer.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA

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Ricardo Monreal

El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.

Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).

En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.

Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el  Partido del Trabajo (PT).

Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.