El federalismo es un principio constitucional que voluntariamente el pueblo de México adoptó como forma de Estado, al igual que la democracia se instituyó como nuestra forma de gobierno.
En este sentido, llaman a la reflexión los recientes pronunciamientos de 10 gobernadores de oposición que —en su legítimo derecho de disentir del Gobierno federal— anuncian una hipotética ruptura del pacto federal. Esto nos lleva a considerar la importancia de mantener la unidad y abrir cada vez más el diálogo, a fin de dirimir las controversias que pudieran existir entre la Federación y los estados, en especial en este momento histórico de transformación y en atención a la grave crisis económica y sanitaria que enfrentamos.
Desde que en 1978 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Coordinación Fiscal, se instrumentó un convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en virtud del cual los estados se comprometieron a limitar su capacidad recaudadora, y la Federación a fortalecer el nuevo sistema con el principio del resarcimiento, es decir, que las entidades no recibieran menos recursos que los que por sí mismas eran capaces de recaudar en el pasado.
Con este pacto se creó la figura de la recaudación federal participable, y se incluyeron las participaciones federales como principal ingreso de las entidades. Según datos del analista Carlos Brown, del centro de investigación Fundar, 97 de cada 100 pesos recaudados son captados por la Federación.
En ese sentido, el recorte de aproximadamente un 3.1 por ciento a las participaciones a entidades federativas y municipios que se proyectaron para el próximo año, respecto de 2020, ocasionó la consiguiente reacción de 10 gobernadores, quienes tienen razones para poner el dedo en el renglón sobre la importancia de actualizar el pacto fiscal.
Lo que no se debe perder de vista es que el manejo de recursos implica una enorme responsabilidad, en especial en un país como México, que durante décadas fue gobernado bajo un pacto de impunidad entre autoridades federales, estatales, municipales y un lastimoso etcétera que al 2018 nos ubicó, en datos de Transparencia Internacional, como el Estado más corrupto de los integrantes de la OCDE, y como el número 138 de 180 países en orden de menos a más corruptos.
Por consiguiente, aceptar que la corrupción es el principal problema de las finanzas públicas nos permitirá no sólo tener una mejor actividad recaudatoria, como ya se lleva a cabo gracias a las reformas en la materia, sino que ese dinero cumpla efectivamente su propósito y no sirva para amasar fortunas privadas.
Será el diálogo y no la confrontación lo que nos permitirá mantener la unidad nacional, fundada en el reconocimiento de las soberanías y no en la sumisión; en el debate y no en la imposición; en la crítica honesta y no en los subterfugios.
En la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, bastión del pacto federal y, por parte de la mayoría parlamentaria en esa Cámara, se renueva el llamado a cerrar filas por el futuro de México.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
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El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.
Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).
En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.
Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).
Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.
