Uno de los mejores juristas y maestros de Derecho en el país, Héctor Fix-Zamudio, nos formuló una pregunta en una de sus clases sobre el Poder Judicial, en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM (en 1984): “Si fueran jueces y tuvieran que conocer del caso de un hijo o un hermano, ¿qué harían ustedes?: 1) ayudarle a librar el problema, 2) excusarse del caso, 3) solicitar que enfrente a la justicia, sin privilegios ni beneficios?”.
El veredicto del maestro fue: “Quienes hayan elegido la primera opción tienen vocación litigante; los que decidieron por la segunda tienen madera de jurista; los que optaron por la tercera son estadistas”.
Inició después una disertación magistral: “Cuando escuchamos que el buen juez por su casa empieza, esto no sólo alude a una cualidad personal del juzgador, basada en la integridad individual, sino a una actitud institucional basada en el proceso a seguir, fundada en la legitimidad más que en la literalidad de la norma escrita… la casa del buen juez es el Estado, no su hogar familiar… la casa del buen juzgador es la causa de la sociedad… Como el Estado es su casa, no debe tener ningún conflicto al decidir entre el Estado o la familia… El buen juez decidirá siempre por el Estado, porque de esa forma protege y honra a su familia, no al revés”.
Este pasaje del maestro Fix-Zamudio vino a mi mente después de ver la actitud asumida por el presidente AMLO ante la difusión de los videos de su hermano Pío (amigo y compañero en lo personal), recibiendo dinero en 2015 de David León, a la sazón consultor en materia de comunicación social.
Destaco cinco aristas:
Primera, el valor civil de reconocer y explicar el origen y el destino del recurso (aportaciones ciudadanas para financiar un movimiento político legal).
Segunda, si recibir dinero en efectivo y de aportantes privados es ilegal, que se presenten a declarar lo conducente ante la autoridad competente, y además que lo hagan de manera voluntaria y sin amparo de por medio; es decir, sin protección jurídica ni política alguna.
Tercera, si de la averiguación se desprende que el presidente en funciones deberá presentarse ante el Ministerio Público a declarar, lo hará sin necesidad de ampararse en el fuero especial que le brinda su actual encargo.
Cuarta, este incidente no le impedirá ni lo detendrá en su combate frontal contra la corrupción gubernamental; al contrario, le dará mayor autoridad moral para profundizar en esa lucha.
Quinta, si el presidente en funciones se presenta a declarar ante la autoridad judicial por hechos presuntamente constitutivos de delitos que son responsabilidad de terceros, mucho más lo deberán hacer en su momento los ex presidentes de la República por hechos en los que sí resulten directamente imputados.
Creo que esto último es lo más relevante y trascendentalmente histórico del video de Pío y David León: un mandatario que no habrá de esperar a que el Congreso reforme la Constitución en materia de fuero presidencial para presentarse a responder por hechos que presumiblemente podrían constituir delitos electorales.
Y si el presidente en funciones procede de esa forma, con mucha más razón deberán hacerlo los expresidentes, los gobernadores, los alcaldes, los senadores, los diputados y toda la caterva de autoridades que se presume intocable.
Si esto sucede, no me cabe la menor duda de que el maestro Fix-Zamudio concluiría que estamos ante a un “buen juez juarista”, es decir, ante un estadista.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
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El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.
Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).
En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.
Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).
Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.
