El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que las y los legisladores de su partido no asistirán a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal, programada para este 1 de septiembre, al considerar que el proceso de selección estuvo marcado por la falta de autonomía y transparencia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el también diputado federal sostuvo que esta decisión obedece a una postura de “congruencia política”, al tiempo que calificó la renovación del Poder Judicial como “una farsa orquestada por Morena” para debilitar la división de poderes.

“No seremos parte del acto con el que Morena consuma el secuestro del Poder Judicial”, expresó Moreno. “No se trató de una reforma, se trató de una intervención autoritaria para destruir el equilibrio de poderes”.

Moreno también acusó al partido oficialista de transformar al Poder Judicial en una instancia subordinada al Ejecutivo. “Se lo repartieron como botín, lo despojaron de su independencia y hoy lo instalan como un aparato al servicio del régimen”, aseguró.

Críticas al nuevo modelo judicial

Desde el anuncio de una reforma judicial impulsada por el oficialismo, diversas voces en la oposición han advertido que los cambios —particularmente la elección por voto popular de jueces y ministros— podrían vulnerar la autonomía de la justicia y abrir la puerta a una mayor politización del sistema.

En ese contexto, Moreno advirtió que su partido no será cómplice de una estructura que, según él, podría utilizarse para perseguir o intimidar a ciudadanos críticos.

“El PRI seguirá defendiendo la división de poderes. Hoy más que nunca seguiremos defendiendo al país, incluso con nuestra propia vida si es necesario”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado tanto a la ciudadanía como a otras fuerzas políticas a mantenerse alerta y no normalizar lo que calificó como un proceso autoritario.

Una toma de protesta bajo controversia

La ceremonia de toma de protesta de los nuevos perfiles del Poder Judicial ha sido señalada por partidos de oposición como el PRI, PAN y PRD, quienes han denunciado que la elección de magistrados y jueces se llevó a cabo sin los mecanismos adecuados de evaluación y sin respetar los principios de imparcialidad.

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