En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una ofensa que existan exfuncionarios que perciban hasta un millón de pesos mensuales como pensión proveniente del erario público. Señaló que su gobierno ya analiza alternativas para garantizar que las jubilaciones sean justas y no representen un privilegio desmedido.

La mandataria sostuvo que, aunque estas pensiones no son ilegales, sí fueron concedidas bajo criterios discrecionales. Por ello, se estudian reformas con sustento constitucional que permitan regular el tema y otorgar montos acordes a lo razonable. También subrayó que, de manera voluntaria, los beneficiarios podrían optar por renunciar a una parte y recibir cantidades consideradas equitativas.

Por su parte, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó un informe elaborado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En él se detalla que alrededor de 14 mil exservidores públicos, principalmente de Luz y Fuerza del Centro y Pemex, reciben pensiones que en conjunto representan un gasto de 28 mil millones de pesos.

Dentro de esa cifra, más de 9 mil 400 extrabajadores cuentan con jubilaciones que oscilan entre 100 mil y un millón de pesos mensuales. Incluso, se documentó un caso en el que la pensión supera el millón cada mes. Además, 3 mil 500 beneficiarios tienen ingresos mayores al salario neto que percibe la propia presidenta de la República.

Buenrostro destacó que 33 personas reciben entre 700 mil y 999 mil pesos al mes, lo que refleja la magnitud del problema. Ante este escenario, el gobierno federal busca mecanismos para corregir estas asignaciones y garantizar que los recursos públicos se distribuyan con criterios de justicia social.

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Foto: Especial 

cdch