No es común en el mundo que los ciudadanos de a pie, es decir, aquellos que no son juristas ni especialmente interesados en los asuntos públicos, conozcan los nombres de los ministros de la Suprema Corte. A diferencia de los funcionarios de elección popular, los jueces y magistrados no responden a niveles de popularidad, sino que son responsables de interpretar la ley, salvaguardar la Constitución y de servir de contrapeso contra probables abusos de autoridad.

No es así en el caso de México. Desde aquel anecdótico relato en el que Norma Piña no se levantó de su asiento para rendir homenaje a AMLO, el expresidente decidió convertir a la presidente de la Corte en uno de los principales enemigos del obradorismo.

Sin embargo, fue la decisión de la Corte de invalidar el decreto presidencial de adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena lo que suscitó la rabia del expresidente. No se requieren estudios pormenorizados en derecho constitucional mexicano para comprender que la decisión del Poder Judicial no fue política, sino estrictamente jurídica, pues la propia Constitución leía, a la letra, que las responsabilidades de aquella tenían que ver con asuntos de seguridad pública.

A partir de ese momento, AMLO, fiel a su instinto populista y a sus ansias de desmantelar el Estado de Derecho, emprendió una campaña brutal de desprestigio contra Piña y unos ministros cuyas acciones derivaban de la interpretación de una Carta Magna que sería más tarde tratada como papel higiénico.