Un coche bomba explotó este jueves frente a la Escuela de Aviación Militar Marco Fidel Suárez, en el norte de Cali, dejando un saldo de cinco muertos y 36 heridos, de acuerdo con cifras confirmadas por la Alcaldía. Algunos reportes extraoficiales señalan que la cifra de heridos podría llegar a 42.

El estallido provocó pánico generalizado. Testigos relatan que la explosión hizo temblar las viviendas cercanas. En redes sociales circularon videos con vehículos en llamas, casas destruidas, y personas heridas tiradas en la calle. El ambiente fue descrito como una escena de guerra: sirenas, gritos, humo y confusión total.

“¡Llamen a ambulancias!”, gritaba un vecino mientras grababa con su celular, reflejando la desesperación de los momentos posteriores al ataque.

En medio del caos, Héctor Fabio Bolaños, rector de un colegio cercano, relató que tuvieron que evacuar a los estudiantes. “Los papás vinieron corriendo a buscar a sus hijos”, dijo, todavía alterado por lo vivido.

Hasta el momento, ninguna organización se ha atribuido el atentado, aunque las autoridades investigan la posible participación de disidencias de las FARC, específicamente del grupo Estado Mayor Central (EMC), que opera en la región y ha intensificado sus acciones armadas en los últimos meses.

El presidente Gustavo Petro calificó el ataque como una “reacción terrorista” de grupos que protegen intereses del narcotráfico en la región. Señaló que el objetivo sería defender rutas de la cocaína y zonas estratégicas para su producción y distribución hacia Estados Unidos y Europa.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció una recompensa de 400 millones de pesos colombianos por información que permita dar con los responsables. Además, implementó controles más estrictos para vehículos pesados y una mayor presencia militar en zonas vulnerables.

Este ataque se suma a una serie de hechos violentos recientes. A inicios de julio, una jornada de atentados con drones y explosivos dejó siete muertos y múltiples heridos en diferentes puntos de la ciudad. Todo apunta a una escalada sistemática que ha reavivado el temor entre los habitantes.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, Colombia vivió un periodo de relativa calma. Sin embargo, el abandono estatal de muchos territorios permitió que grupos armados ilegales regresaran con más fuerza, ocupando espacios dejados por las FARC desmovilizadas. Varios intentos del gobierno de Petro por negociar con estas facciones han fracasado o se encuentran estancados.

Organismos como la Personería Distrital de Cali han exigido investigaciones inmediatas, respeto a los derechos humanos y acciones contundentes del Estado para evitar que estas zonas sigan en manos del crimen organizado.

En respuesta al atentado, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) con fuerzas militares, policías y equipos de rescate para coordinar la atención a víctimas y el rastreo de los responsables.

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