Izúcar de Matamoros. - Adriana Carreón Fuentes, una mujer originaria del municipio de Izúcar de Matamoros, fue asesinada hace 28 años por su esposo. Pese a que éste ya fue detenido, ahora le dan prisión domiciliaria, por lo que la familia de la fémina exige justicia.

El proceso penal con número 367/1997, señala que en el año 1997, Adriana Carreón Fuentes, originaria de Izúcar de Matamoros de 27 años de edad, fue asesinada en su domicilio en Cuautlanzingo, Puebla, por su entonces pareja y padre de su hija, Gildardo Velasco Corro de 47 años de edad. El crimen ocurrió frente a su hija de 5 años de edad, quien estaba en la casa junto con la trabajadora del hogar, que logró resguardar a la menor tras el ataque.

Cabe resaltar que el hombre agresor huyó del lugar de los hechos llevándose pertenencias y joyas de la víctima. Desde ese momento estuvo prófugo de la justicia por casi tres décadas, cambiándose el nombre y ocultándose en varios estados de la república mexicana. Sin embargo, fue detenido el pasado 2 agosto del 2025 en el estado de Veracruz. Pese a esto, el secretario en funciones del juez, César Omar Herrera Zárate, le otorgó prisión domiciliaria, a pesar de haber dos dictámenes oficiales emitidos por la Dirección de Medidas Cautelares que lo califican como peligroso y con alto riesgo de fuga al detenido, los cuales fueron firmados por Maricela Betancourt Cabeza, Evaluadora y Supervisora de Riesgos Procesales del Estado de Puebla.

Hay que recordar que la víctima era una mujer que estudiaba Psicología, había perdido a su madre a los 17 años de edad, quedando huérfana, situación que la dejó vulnerable, y fue entonces cuando Gildardo Velasco Corro, un hombre mucho mayor que ella, se ganó su confianza y cariño.

Cabe destacar que el juez titular, Luis Fernando Cornejo Huesca, no estuvo presente durante dicho dictamen porque se encontraba de vacaciones, situación que ha ocurrido en otros casos dejando al secretario al frente, asimismo, la audiencia se realizó en periodo vacacional, sin Ministerio Público y con una resolución redactada de antemano.

Actualmente, familiares de la víctima señalan que hay graves irregularidades y sospechas de corrupción en el proceso,  ya que usaron la edad del imputado, como pretexto para no enviarlo a prisión, a pesar de que existen penales especializados para adultos mayores que garantizan sus derechos humanos, asimismo, se sabe que el juez y su secretario han repetido este tipo de maniobras en otras ocasiones.

Según consta en el dictamen de medidas cautelares el imputado tiene un riesgo procesal alto por sustracción y evasión de la justicia, riesgo para la sociedad, testigos y víctimas indirectas, no cuenta con domicilio validado, empleo ni arraigo familiar en Puebla, conducta que vulnera normas y leyes, con alta probabilidad de obstaculizar la investigación.

Finalmente, la familia afectada exige la revocación inmediata de la prisión domiciliaria, así como una investigación a los funcionarios judiciales involucrados, que el imputado sea recluido en un penal adecuado para adultos mayores, que este caso no quede impune ni silenciado por el sistema judicial.

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Foto: Lidchy Cano

cdch